El caso Umbra sufrió ayer un nuevo retraso en la fase de instrucción. Cuatro arquitectos estaban citados para explicarle al juez que investiga la causa, David Castillejos, los detalles de los informes técnicos realizados por cada uno de ellos, en los que concluían que los convenios firmados por el ayuntamiento de Murcia y distintos empresarios en la zona norte de la ciudad vulneraban la legislación vigente. Pero, finalmente, ninguno
de ellos prestó ayer declaración, puesto que el primer arquitecto citado, Mariano de la Villa Sanz, se equivocó de informe y se presentó en el Palacio de Justicia con otro documento que nada tenía que ver con el Umbra, según explicaron los abogados de la causa y el fiscal anticorrupción.
Las demás declaraciones se cancelaron al suspenderse la de Mariano de la Villa, puesto que «los informes del resto de arquitectos citados estaban relacionados o derivaban del de éste, por lo que no tiene sentido que declaren los otros peritos sin conocer previamente los datos principales», explicó a esta redacción el fiscal.
Los arquitectos citados, que acudieron al Palacio de Justicia aunque no prestaron declaración, son Andrés Checa, Antonio García Herrero, actual decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia, y Rafael Pardo Prefasi, actual tesorero del Colegio de Arquitectos. Todos ellos emitieron informes periciales referentes a los terrenos incluidos en los convenios firmados por el Ayuntamiento con distintos empresarios, entre
ellos el presidente del Real Murcia y promotor del complejo deportivo-comercial Nueva Condomina, Jesús Samper.
El informe emitido por Mariano de la Villa Sanz era relativo a los aspectos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que afectaban a los terrenos de un convenio acordado por el Ayuntamiento con Samper, que eran propiedad de la sociedad Lo Navarro. Ese informe se adjuntó al contencioso administrativo que Lo Navarro interpuso contra el consistorio y contra el presidente del Real Murcia por el convenio de Nueva Condomina, al considerarse uno de los propietarios perjudicados con la firma de acuerdo. Lo Navarro retiró su contencioso cuando firmó otro convenio urbanístico con el Ayuntamiento y en el que salía muy beneficiado. El resto de arquitectos citados ayer, que no quisieron hacer declaraciones a la prensa, emitieron también un dictamen pericial para el contencioso de Lo Navarro, en el que concluían que el convenio entre el Ayuntamiento y Samper incumplía la normativa vigente.
La suspensión de las declaraciones periciales de ayer supone un nuevo retraso en la instrucción del caso Umbra, ya que el pasado viernes también se pospuso la declaración de la arquitecto jefe de la Unidad Técnico Facultativa de la delegación de Hacienda, María Pilar Fontela Redondo, departamento cuyas investigaciones fiscales y de patrimonio de los procesados han sido claves para imputarlos. En esa ocasión, se canceló la declaración a petición de la perito, que indicó al juez y al fiscal que no había preparado su intervención y necesitaba más tiempo. Como consecuencia de que el juez admitiera su petición, los abogados de los imputados interpusieron una demanda contra el titular del juzgado.
