El reto demográfico en Ricote: debates para un horizonte inmediato

Ricote es uno de los municipios murcianos más vulnerables a una de las manifestaciones del reto demográfico, la despoblación. Frente a esta situación, el diseño de una fiscalidad diferencial, la revisión de los planeamientos urbanísticos, la digitalización y las energías renovables se convierten en grandes oportunidades.

Ricote y Ojós son los municipios más envejecidos de la Región de Murcia. Además, de acuerdo a un estudio del Consejo Económico y Social (CES) del año 2022 dirigido por los profesores José Colino y Federico Martínez-Carrasco, Ricote es el municipio ‘más rural’ de la Región de Murcia, es decir, aquel en el que se combinan con mayor incidencia y al mismo tiempo cuatro características: alto nivel de envejecimiento –ya mencionada–, dificultades en el acceso a servicios públicos esenciales, mayor porcentaje de población viviendo en celdas rurales (zonas de agrupación de viviendas que describen una forma no urbana, de no aglomeración) y gran proporción de tierras de cultivo y arbolado forestal en el conjunto del territorio. Estos son los criterios que tienen en cuenta estos investigadores para elaborar su Índice de Ruralidad de la Región de Murcia (IRRM), que otorga a Ricote la puntuación más elevada entre los 45 municipios.

Esta situación nos hace especialmente vulnerables frente a un reto demográfico que no solo tiene que ver con el mundo rural o con la despoblación, pero que se hace especialmente significativo en él. Conviene, entonces, preguntarse por algunas estrategias y políticas públicas que podrían ayudar a reconducir esta tendencia:

Fiscalidad diferencial favorable para el medio rural: son muchas las comunidades autónomas, de todos los partidos, desde Castilla y León hasta Aragón pasando por la Comunidad Valenciana o Castilla La Mancha, que reconocen deducciones en el IRPF para quienes residen en municipios en grave riesgo de despoblación. Los beneficios fiscales pueden convertirse en un incentivo tanto para familias como para empresas y se dirigen no solo a la residencia estable en estos enclaves, sino también al impulso de la natalidad, la compra, arrendamiento o rehabilitación de vivienda o al fomento de la actividad económica.

Aunque el IRPF sea tal vez el impuesto más destacado, todos los estudios al respecto coinciden en extender esta fiscalidad favorable a otros impuestos cedidos a las comunidades autónomas como el de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Asimismo, resulta imprescindible la implicación del Gobierno central en la extensión de esta fiscalidad diferencial en aquellas cuestiones que más directamente impactan en la atracción de empresas o capital, como podría ser el Impuesto de Sociedades o el régimen de la Seguridad Social (cuota reducida para autónomos, bonificaciones en las cotizaciones). En definitiva, la singularidad de las condiciones de vida en el medio rural despoblado debe tener en la Región de Murcia una traducción directa en materia fiscal. Esta es una propuesta que eleva la mirada sobre esfuerzos excesivamente aislados, con un impacto causal reducido, aunque no por ello menos loables. Hablamos de las prestaciones directas por hijo nacido que se han puesto en marcha en municipios cercanos como Ulea (250 euros al mes durante los tres primeros años de vida) u Ojós (pago único de 500 euros). Con todo, parece evidente que el fomento de la natalidad y la residencia permanente no debe recaer en la Hacienda local, siempre escasa de recursos, sino en una estrategia de más largo alcance.

El planeamiento urbanístico debe repensarse desde el reto demográfico: frente al mercado del alquiler cada vez más tensionado en los núcleos urbanos y al incremento del precio de la vivienda en venta en estas zonas, los municipios rurales tienen la oportunidad de presentarse como una oferta más atractiva y rentable para quienes pretenden iniciar un proyecto de vida en una casa con buenas condiciones. Esto exige una adaptación rápida de los instrumentos de planeamiento, repensando los usos del suelo para conseguir atraer a familias y empresas, al mismo tiempo que se apuesta por la reordenación, agrupación y rehabilitación de las numerosas viviendas no habitadas. Es llamativo el dato ofrecido por el Catastro relativo a la evolución del número de bienes inmuebles de suelo vacante en Ricote (parcelas sin edificar): se mantiene estable desde 2015 y casi duplica a los existentes a principio de siglo. El elevado porcentaje de suelo vacante en el municipio (45% en 2020 frente al 22% del año 2008) evidencia que el problema no es exactamente la disponibilidad de suelo, sino la ubicación y forma de ese suelo disponible y la necesidad de desarrollar su entorno inmediato.

Facilitar la transformación del suelo debería coincidir con modelos de mínima densidad edificatoria y amplias zonas verdes, sin caer en un “fetichismo del terruño” que haga encallar cualquier iniciativa de dinamización. No se trata, pues, de un ejercicio de liberalización del suelo, sino más bien de reordenación e intervención sectorizada para generar precios competitivos y reducir el poder de negociación de unos pocos tenedores. Todo ello sabiendo que no es fácil armonizar la necesaria ampliación del casco urbano y el rediseño de su actual entramado con la protección del paisaje tradicional, pero tampoco es posible darle la espalda a esta necesidad. El vigente Plan General (cuyo extenso y polémico proceso de aprobación se inició en torno a 2005) se ha convertido en papel mojado por la escasa capacidad de desarrollo parcial de sus previsiones. Un texto ambicioso, pero que nació sin consenso y que vio la luz en el peor momento posible, en pleno crack del sector inmobiliario. La aprobación de una nueva Ley del Suelo de la Región de Murcia en 2015 abre una ventana de oportunidad para revisar el texto desde las exigencias que plantea el proceso de despoblación y desarrollar, seguidamente, instrumentos auxiliares que permitan llevar a cabo sus previsiones. La insostenible concentración de población en las ciudades obligará más pronto que tarde a un éxodo inverso hacia los pueblos. Para ello, la cuestión urbanística debe dejar de ser uno de los grandes escollos del desarrollo local, como consecuencia de la falta de recursos técnicos y de la inestabilidad política y económica de los últimos años.

Digitalización y energías renovables, luces y sombras: la extensión del teletrabajo hace cada vez menos importante la cercanía entre vivienda y puesto de trabajo. Ya es posible, en muchos sectores, retornar al pueblo sin renunciar a un empleo de calidad, pero el pueblo debe ofrecer a su vez alta conectividad y espacios de coworking donde sea posible diferenciar la esfera personal de la laboral. Que el teletrabajo es el futuro lo acredita, por ejemplo, una reciente iniciativa aprobada en el Congreso de los Diputados para permitir que los funcionarios que vivan en el medio rural puedan trabajar el 90% de su jornada en modo remoto. Por otro lado, las energías renovables son reivindicadas por muchos como una gran oportunidad para el medio rural despoblado. Esta opción no está exenta de polémica (lo hemos visto en películas como Alcarràs o As Bestas) por el riesgo que supone que grandes empresas intervengan solo de forma extractiva, sin generar empleos a largo plazo y sin una introducción armónica en el paisaje. Sin embargo, la constitución de comunidades energéticas de base agrovoltaica que autogestionen la producción –lejos del modelo de grandes plantas concentradas en pocos sitios– puede terminar siendo una forma de combinación exitosa entre la imperiosa transición energética y el reto demográfico.