“De nada le sirve al Ayuntamiento tener la llave de los pisos si aún no es legalmente su propietario y, por tanto, no puede proceder a su cesión a los beneficiarios”. La edil de Izquierda Unida-Verdes, Gloria Martín, denunciaba así la situación que padecen, entre otras, las familias que viven en casas prefabricadas desde 2011 junto al barrio de San Fernando.

La edil exigía al Gobierno regional que proceda de manera urgente a la cesión al Consistorio “de las 14 viviendas que forman parte del programa para el realojo de las familias damnificadas por los terremotos”. Y recordaba que el pasado mes de mayo el director general de Vivienda, Francisco Lajara, y la edil de Servicios Sociales, María Dolores Chumillas, en un acto “propagandístico al que no faltó la edil del Partido Popular, Mayte Martínez, prometieron que las casas prefabricadas serían desmanteladas este verano y que antes de agosto las familias que lo ocupan ya habrían realizado la mudanza a las nuevas viviendas”.

Sin embargo, insistía, “a las puertas del mes de octubre, la Comunidad Autónoma solo ha adquirido seis de estos inmuebles por el momento y, además, no ha concluido las labores para su acondicionamiento. Por ello, todos los afectados, incluidos quince menores de edad, han sufrido un verano angustioso en el que han visto frustradas todas las expectativas que se les crearon falsamente”.

Argumentaba que al Ayuntamiento “no le sirve de nada tener la llave de esos pisos si aún no es legalmente su propietario y, por tanto, no puede proceder a su cesión a estas familias”. Por ello, pedía a la responsable de Servicios Sociales “que sea menos complaciente y apriete más al Gobierno regional” y a la edil del PP que, “si realmente quiere serle útil a los vecinos, deje de meter cizaña y le exija a su jefe López Miras que concluyan las obras de reparación y que su Gobierno ceda la propiedad al ayuntamiento para que éste, a su vez, pueda ponerlas a disposición de las familias”.

Gloria Martín aseguraba que la pelota “sigue en el tejado de la Comunidad Autónoma que solo tiene que firmar una resolución y publicar en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma el convenio de colaboración entre la Consejería de Fomento e Infraestructuras y el Ayuntamiento para la cesión de las viviendas incluidas en el programa de actuación y acompañamiento al realojo de familias en situación de exclusión social y residencial”.

Por último, aseguraba no entender “la demora para firmar un triste papel, a no ser que alguien esté interesado en alargar todo el procedimiento para sacar rédito político a costa del sufrimiento de estas familias”.