09 de diciembre de 2020
09.12.2020
La Opinión de Murcia
Justicia

El exalcalde de Águilas culpa a los técnicos de los bares ruidosos y dice que él "no se enteraba"

Juan Ramírez, de 78 años, se sienta en el banquillo por los decibelios de unos locales de Calabardina de hace más de diez años

09.12.2020 | 11:45
Un momento del juicio

Más de diez años después de que acontecieran los hechos que se le imputan, Juan Ramírez, exalcalde de Águilas, se sentaba este miércoles en el banquillo de la Audiencia Provincial acusado de un delito contra el medio ambiente por no haber actuado frente a los ruidos procedentes de varios establecimientos de hostelería en Calabardina. Y, como ya ha ocurrido en otros procesos judiciales similares, el político se escudó en los técnicos. "El técnico hace su informe y el alcalde no se entera", declaró ante el tribunal.

Fue una vecina la que denunció por estos ruidos, y las ocho actas levantadas por la Policía Local entre julio de 2009 y agosto de 2010 permitieron comprobar que se superaba el nivel de decibelios autorizados en un bar, una heladería y una cafetería, entre otros locales, detalla el Ministerio Público.

Tanto el entonces regidor como una funcionaria, R. M. L., que también se sienta en el banquillo, "omitieron la tramitación de los expedientes sancionadores por ruidos y no establecieron medidas correctoras o limitadoras de dichas emisiones acústicas", considera la Fiscalía, que pedía dos años de cárcel para ambos procesados.

Explicó la defensa de la funcionaria al inicio de la vista que la denunciante puso un generador en su casa porque no tenía luz (la compañía no le había concedido el suministro), y que este mecanismo hacía mucho ruido y "estuvo colocado durante tres años en la vivienda de la denunciante".

El exalcalde, que tiene ahora 78 años, fue el primero en declarar. A preguntas del Ministerio Público, dijo que en el momento de los hechos "las competencias medioambientales las llevaba yo", mientras que un concejal suyo llevaba las de Seguridad Ciudadana. Explicó que la denunciante "nunca me ha visto" y que hasta 2013 él no tuvo conocimiento de que esta vecina lo había denunciado.

"Todo lo que entra en el Ayuntamiento va dirigido al alcalde, pero lo que hacen en el registro es pasárselo al técnico correspondiente. El alcalde no tiene conocimiento, el alcalde no es técnico", destacó.

Admitió que "había una ordenanza" que fijaba el número de decibelios permitido. También comentó que "teníamos que contratar una empresa de fuera cuando teníamos ruidos" y a la pregunta de si por aquel entonces la Policía Local tenía sonómetros indicó: "no me acuerdo".

En Calabardina, donde él mismo reconoció tener una residencia, "había festejos, pero no tenía conocimiento de que hubiera alguna denuncia", subrayó Ramírez, a preguntas de la acusación particular. En su opinión, "si no hay expediente, no hay ruidos".

"Es que estamos hablando de once años ya, es muy difícil que yo me pueda acordar", incidió el procesado. "Eso pasa al técnico correspondiente, él hace su informe y el alcalde no se entera", reiteró. La acusación particular quiso saber entonces "qué control" llevaba él de los técnicos, y el exregidor admitió que nunca se reunía con ellos, a no ser que le comunicasen que había que abordar algo en concreto.

Tras declarar el exalcalde, llegó el turno de la funcionaria, que reconoció haber tenido conocimiento de las denuncias "cuando se presentaron en el Ayuntamiento". Comentó que la vecina en cuestión "también había denunciado un perro que había en un jardín de la zona y unos futbolines en una zona peatonal".

Dijo la acusada que se inició el expediente sancionador a una heladería, de la cual la denunciante se quejaba "de los humos" que salían, y se precintó la cocina y el horno.

Actas policiales mal hechas

"Las actas de la Policía Local de medición de ruidos no están bien confeccionadas, no están complementadas", reveló la funcionaria, que insistió en que se sancionó a los locales que no tenían licencias o permisos determinados. "Para abrir un expediente sancionador, yo necesitaba contar con pruebas fehacientes", recalcó.

Preguntó la fiscal por qué se siguieron usando los sonómetros tras confirmar la acusada que no iban bien, la trabajadora pública precisó: "yo soy una funcionaria, no soy la responsable". "Para mí hubiese sido lo ideal que se creara alguna unidad medioambiental, como en otros ayuntamientos" de ciudades grandes, como Barcelona o Madrid, manifestó. De que los sonómetros no funcionaban "estaba todo el mundo al tanto", incluso "el señor alcalde", declaró la procesada.

"No se tramitaban infracciones por ruidos por actas de la Policía Local, porque no eran pruebas suficientes. Las actas de la Policía Local eran nulas porque estaban mal confeccionadas", confirmó la acusada, que aseguró que puso en conocimiento del entonces alcalde todas estas deficiencias.

Además, en este caso en concreto, las denuncias fueron a fiestas populares, "promovidas por el Ayuntamiento y con un escrito del propio alcalde pedáneo".

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