El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, dijo ayer que el Ministerio de Justicia cuestionó la viabilidad de la construcción de los nuevos juzgados locales en el lugar elegido para ello, después de que las obras para levantarlo en el casco histórico fueron adjudicadas hace ocho meses y aún no hayan han comenzado.

Gil hizo alusión a una reunión mantenida en diciembre en Murcia con representantes del ministerio, de la adjudicataria y de la Dirección General de Bienes Culturales autonómica ante el retraso en el inicio de las obras. Comentó que le «preocupó muchísimo» que el planteamiento de los representantes del ministerio sobre la conveniencia de levantar nuevas infraestructuras judiciales en entornos monumentales o históricos, por sus especiales dificultades constructivas.

Gil dijo que el resultado de la reunión fue «insatisfactorio y preocupante» y que le pareció un «viaje en el túnel del tiempo», ya que considera que el cambio de emplazamiento del proyecto o de la conservación de las fachadas históricas era «un asunto superado», una vez que la obra había sido adjudicada por 8 millones de euros.

Por su parte, Izquierda Unida-Verdes reclamó al Ministerio de Justicia el inicio de las obras de construcción del Palacio de Justicia. La concejala de IU, Gloria Martín, señaló que la empresa adjudicataria, Constructora San José S.A. «ya ha agotado una tercera parte de los 24 meses de que dispone para la ejecución de los trabajos».

Martín opinó que «las necesidades de los lorquinos en materia judicial no pueden depender del interés de una empresa», en alusión a los problemas planteados por la adjudicataria para el mantenimiento de las fachadas del siglo XIX incluidas en la parcela en la que tiene que construir el palacio.

La concejala añadió que la adjudicataria no puede pretender «tirar esa inversión por la borda y arrasar con parte del patrimonio histórico de los lorquinos sólo para abaratar costes y ampliar su margen de beneficio». «En virtud de la Ley de Contratos del Sector Público, la Administración podría estar imponiendo hasta 1.600 euros diarios de penalización por incumplimiento de un plazo parcial de ejecución», afirmó Martín.