Doscientos vecinos protestan ante la Asamblea por el cierre de urgencias

­Unos 200 vecinos de Librilla, Campos del Río y las pedanías altas de Moratalla se manifestaron ayer ante la Asamblea Regional de Murcia para pedir la reapertura de los seis servicios de urgencias de estas localidades, cerrados por la consejería de Sanidad en mayo de 2012.

Los manifestantes han pedido al Gobierno regional que las reabran inmediatamente, así como las de Portmán (La Unión) y La Parroquia (Lorca), consideradas como de especial aislamiento, puesto que, una vez que se cierran los consultorios a las 22 horas, los habitantes de esos núcleos deben desplazarse a otros para ser atendidos.

En la protesta también ha estado presente la alcaldesa de Librilla, Mar Hernández (PSOE), quien ha lamentado que el Gobierno no haya ejecutado la enmienda parcial aprobada por la oposición en los presupuestos regionales para financiar la apertura de los servicios cerrados en su localidad, en Portmán y en Campos del Río.

Para Hernández, la consejería está «jugando con la salud» de los habitantes de estas poblaciones, con una edad media alta y que dependen de que un familiar o vecino los lleve en vehículos particulares a las urgencias más cercanas o esperar a que les atienda una ambulancia.

Además, ha criticado duramente a la titular del departamento, Encarna Guillén, que «no ha movido un dedo» para reabrir los tres servicios incluidos en los presupuestos de este año ni para recibir a los alcaldes de estas localidades.

Por su parte, la Asociación de Usuarios de la Sanidad de la Región de Murcia ha denunciado en un comunicado que la actuación de la consejería «perjudica gravemente» a los ciudadanos.

En este sentido, ha remarcado que se están produciendo aplazamientos de tratamientos y diagnósticos, saturaciones en centros y falta de concreción del personal sanitario asistencial.

Para la asociación, la consejera debe recordar que «serán de difícil reparación» las consecuencias que el cierre de urgencias puede tener en los ciudadanos que «más lo necesitan», porque viven en centros más alejados de los centros urbanos. «No se puede alegar ahorro económico ni reducción de gasto porque estos objetivos no son equiparables a los serios riesgos que pueden provocar esta actuación para la salud y la vida de las personas», concluye.