El Juzgado de Instrucción de Murcia que investiga el presunto caso de corrupción El Roblecillo, sobre la recalificación de esta finca protegida para hacerla urbanizable, ha dado cuatro horas de plazo al ayuntamiento de Caravaca de la Cruz para entregar la nueva documentación que ha reclamado sobre el asunto.
El auto, al que ha tenido acceso Efe, señala que ese plazo de cuatro horas, "como máximo", comenzará a contar desde que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personen en el consistorio para recabar la documentación requerida.
Esta, según se añade en la resolución judicial, se refiere a la copia íntegra de la Junta de Gobierno Local de 19 de noviembre de 2010 y de sendos informes técnico y jurídico referidos a la aprobación inicial de la modificación puntual del programa de actuación de una junta de compensación.
El ayuntamiento dispondrá solo de ese plazo tasado para hacer entrega a la Guardia Civil de la copia íntegra de todas las Juntas de Gobierno Local de la segunda quincena del mes de febrero de 2010 y de las de marzo siguiente, "con todos los informes técnicos y jurídicos".
El requerimiento se extiende también a la entrega del acta de otra sesión de la Junta, de diciembre de 2012, en la que también se analizaron cuestiones urbanísticas que pueden tener relación con el caso que se investiga.
Por otra parte, el secretario general del ayuntamiento queda requerido para entregar la documentación referida a las personas que votaron a favor del convenio urbanístico que permitía la urbanización de la finca para construir ocho mil viviendas y un campo de golf.
Por otra parte, el Juzgado ha acordado librar sendos mandamientos a la que en el momento de los hechos era Consejería de Industria y Medio Ambiente del gobierno murciano para que aporte los expedientes tramitados sobre esa recalificación.
Para ello, el juez señala que los requeridos deberán hacer entrega de esa documentación en la misma mañana en que se personen los agentes.
Estas diligencias se contienen en el auto en el que el Juzgado de Instrucción imputa al alcalde de la localidad, Domingo Aranda, y a otras treinta personas, que serán llamados a declarar en esa condición en los próximos días.
El juez considera que la documentación incorporada a la causa contiene indicios que, presumiblemente, apuntarían a la comisión de varios delitos que se habrían cometido con la recalificación urbanística, llevada a cabo a instancias de la empresa promotora, Sky, S.L., cuyos responsables, Antonio Vilaplana y Manuel Sánchez, figuran entre los imputados.
