Tras cinco días de conferencias y debates entre los más de 400 participantes, el Congreso concluyó hoy con un dictamen crítico de la evolución de las cuencas hidrográficas en las últimas décadas y una exhortación a defender el uso racional del agua, sus ecosistemas y su valor no sólo económico sino también social y cultural.
Considerar el agua como un recurso inagotable o una mercancía han sido algunos de los errores históricos que han llevado a que la agricultura intensiva, los embalses, las infraestructuras hidroeléctricas o el urbanismo pongan en peligro el caudal de los ríos, los ecosistemas costeros o la pureza de los acuíferos.
Las conclusiones del Congreso, que se celebra cada dos años alternativamente en España y Portugal, llaman la atención sobre el agravamiento de esos problemas que puede suponer el fenómeno del cambio climático y la estrecha relación existente entre la calidad del agua y la salud pública.
Según el documento, las cuencas que comparten España y Portugal, la del Miño, el Duero, el Tajo y el Guadiana, son víctimas de contaminación y exceso de vertidos, explotación intensiva y degradación ambiental que si no se atajan acarrearán consecuencias cada vez más graves para la población.
El Congreso destacó, no obstante, las acciones de los dos gobiernos para mejorar la gestión del agua y los instrumentos que han desarrollado para compartir información y actuar de forma conjunta, basados sobre todo en el Convenio de Albufeira suscrito en 1998.
La ministra española de Medio Ambiente, Cristina Narbona, que participó junto a su homólogo portugués, Francisco Nunes, en la sesión final de la conferencia, celebrada en la ciudad meridional lusa de Faro, aseguró que compartía "plenamente" el diagnóstico crítico de los expertos.
Además expresó el compromiso de su gobierno con la preservación de ese recurso, considerado patrimonio nacional y que el ex presidente luso Mario Soares, en uno de los documentos presentados en la reunión, calificó como uno de los derechos humanos.
El agua, según el texto final de la conferencia, es también víctima de "la corrupción que genera un importante deterioro del sistema político" y requiere de códigos de conducta que eviten abusos de utilización.
Uno de los retos que plantea su futura gestión es el "principio de recuperación de costes" que debe llevar, según las conclusiones, a una profunda reforma de las políticas de tarifas agrícolas, industriales y urbanas.
Narbona dijo que la implantación de ese principio en la agricultura, que supone el 80 por ciento del consumo de agua en España, es "un horizonte extraordinariamente conflictivo".
Pero las directivas europeas obligan a que este en vigor en 2010 y se hará, puntualizó, "de forma gradual y analizando la justificación de algunas excepciones por razón de los tipos de cultivos o de las comarcas donde se asientan".
"Aún queda mucho por hacer en la agricultura", sostuvo Narbona, tras resaltar que en materia de salvaguardar los recursos hídricos no han bastado siquiera medidas como la derogación del trasvase del Ebro o el recorte de embalses y proyectos hidráulicos y de regadío.
En el V Congreso Ibérico se destacaron también los problemas de sequías e inundaciones en la península que, si se cumplen los pronósticos sobre el calentamiento global, tenderán a agravarse.
En esta materia el ministro Nunes elogió el comportamiento de las autoridades españolas durante los desembalses de agua del mes pasado a consecuencia de la crecida de los ríos, que tuvieron en cuenta las inundaciones que se registraban en Portugal.
En relación a la última sequía, Narbona declaró que su Gobierno destinó más de 600 millones de euros a actuaciones de emergencia y logró evitar cortes en el suministro pese a no contar con una normativa de gestión de sequías, un instrumento que se elabora ahora, con participación pública, y que estará listo en 2007.
