La recuperación económica y la generación de empleo, el fortalecimiento de la seguridad de Europa y la igualdad de género serán las prioridades de la presidencia española de la UE, que también estará marcada por la puesta en marcha del Tratado de Lisboa y los nuevos cargos.
La que será cuarta presidencia europea de España viene condicionada por la crisis económica de la que aún se resiente la UE y por la necesidad de impulsar un marco de crecimiento sostenible que permita la creación de puestos de trabajo de calidad en los próximos años.
Durante el mandato español, los Veintisiete deben renovar la llamada Estrategia de Lisboa, para fijar las bases del futuro modelo económico en la presente década.
La nueva estrategia post-Lisboa definirá los futuros desafíos económicos, sociales, medioambientales y de empleo, que se irán concretando en la cumbre extraordinaria que el presidente estable del Consejo Europeo, el belga Herman Van Rompuy, quiere convocar a principios de febrero.
Para España, el futuro marco debe reservar un papel clave a las nuevas tecnologías y a la educación, con el propósito de reforzar la competitividad de la economía europea, como se explica en el programa de la presidencia.
El Gobierno cree conveniente que la salida de la crisis se apoye en políticas coordinadas para ir retirando progresivamente los estímulos fiscales y las ayudas al sector financiero aplicadas en los últimos meses y reducir así el déficit público.
También ligado al plano económico, España se ha marcado como objetivos hacer que la UE siga liderando la lucha contra el cambio climático después del fracaso de la Cumbre de Copenhague y promover una política energética común para garantizar el abastecimiento.
En materia de seguridad, España trabajará para lograr una mayor coordinación entre los países e instituciones europeas en la lucha contra el terrorismo internacional y el crimen organizado desde el punto de vista político, judicial y policial.
Otro objetivo es avanzar hacia la armonización de las legislaciones de cada Estado miembro y en el mutuo reconocimiento de las decisiones judiciales.
Se propone además la creación de un registro de delincuentes de terceros países, así como la atención de las víctimas del terrorismo y de la violencia machista.
El Gobierno aboga por la creación del Observatorio Europeo de la Igualdad de Género y por hacer partícipes de las mismas oportunidades a todos los ciudadanos de la UE.
Todas las actuaciones que lleve a cabo la presidencia española tendrán como principios vertebradores la innovación -tecnológica, económica, institucional y política- y la igualdad -entre hombres y mujeres, regiones y estados-.
