El pasado mes de octubre, un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos admitió a trámite la demanda, presentada contra Barclays, British Petroleum, Chevron Texaco, Citigroup, Coca Cola, Colgate-Palmolive, Commerzbank, Credit Suisse, Daimler, Deutsche Bank, Dow Chemical, Exxon Mobil, Ford, Fujitsu, General Electric, General Motors, Hewlett-Packard, IBM, JPMorgan, Shell Oil o Xerox, entre otras multinacionales, todas ellas acusadas de "ayudar e incitar" al régimen racista de Pretoria.
Los demandantes, en nombre de "decenas de millones de surafricanos", han reclamado más de 400.000 millones de dólares de indemnización a estas empresas por haber mantenido relaciones económicas con el régimen del 'Apartheid' entre 1948 y 1994, a pesar del embargo internacional que pesaba en su contra, lo cual, a juicio de los denunciantes, supone una "violación del Derecho Internacional".
La demanda recuerda que el presidente norteamericano Ronald Reagan (1981-1989) "animó a las compañías estadounidenses a mantener negocios en Sudáfrica" y estableció restricciones comerciales sólo para una "categoría limitada de bienes".
El pasado mes de octubre, el segundo tribunal de apelaciones de Estados Unidos dio la razón a los autores de la iniciativa en virtud de una ley que permite a las víctimas de abusos perpetrados por norteamericanos denunciar sus casos ante la Justicia federal estadounidense. La demanda fue presentada contra más de 50 empresas estadounidenses y extranjeras.
En respuesta a ello, las compañías presentaron ayer un recurso ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos --que deberá pronunciarse en los próximos meses-- para que impugne la decisión del tribunal de apelaciones. Las empresas alegan que la demanda ya ha sido objetada por los actuales Gobiernos de Estados Unidos y de Sudáfrica.
A juicio del actual Gobierno electo de Sudáfrica --controlado por el Congreso Nacional Africano, la formación política que más combatió contra el 'Apartheid'--, la iniciativa es "completamente inaceptable" porque viola la soberanía del país e interfiere en su política de reconciliación, según consta en la reclamación al Supremo de las multinacionales. Por su parte, el Gobierno de Estados Unidos considera que esta demanda es perjudicial para su política exterior.
