15 de diciembre de 2020
15.12.2020
La Opinión de Murcia
Sistema eléctrico

El Gobierno trasladará los costes de las renovables de la factura de la luz a las energéticas

Eléctricas, gasistas y petroleras sufragarán los 7.000 millones de primas que hasta ahora pagaban los consumidores

15.12.2020 | 14:21
Un parque eólico.

El Gobierno trasladará el coste de las primas a las renovables que pagan los consumidores en el recibo de la luz a las empresas que venden electricidad, gas y productos petrolíferos, según el anteproyecto de Ley acordado este martes en Consejo de Ministros. En concreto, se trata de cerca de 7.000 millones de euros, ahora incluidos en la factura eléctrica, destinados a financiar a las renovables, que pasarán a financiar las empresas en un plazo de cinco años.

Así lo han avanzado fuentes del Ministerio de Transición Ecológica después de que se llegara a un acuerdo en el Consejo de Ministros. No será un cambio instantáneo, sino que el Ejecutivo inicia ahora el trámite para la creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, un mecanismo que será financiado con aportaciones obligadas de las empresas suministradoras de energía en función de sus ventas, así como los consumidores directos de esos productos para evitar un 'efecto perverso', y el cambio será gradual en un plazo de cinco años, a razón de un 20% al año.

Según han precisado dichas fuentes, las empresas pagarán a trimestre vencido a partir de las ventas efectivas del trimestre anterior y los recursos obtenidos se dirigirán a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que será el encargado de trasladarlas a las cerca de 60.000 instalaciones renovables en operación en España. El coste, actualmente de 7.000 millones de euros, será decreciente a medida que avance el tiempo porque las instalaciones renovables saldrán de este régimen a media que alcancen el final de su vida útil de 25 años y el nuevo mecanismo de subastas no incluye primas.

Según el Ejecutivo, esta medida beneficia a los hogares con rentas más bajas porque dependen más de su consumo eléctrico con un descuento de hasta el 13% en la factura, aunque también reconoce que esta partida podría ser trasladada a los clientes a través de un aumento de los precios en el precio eléctrico o en los carburantes.

No obstante, la medida incluye exenciones y compensaciones en función de los actores a los que afectan. Así, en el caso de las exenciones no se tendrá en cuenta consumos que podrían tener una doble contribución como el almacenamiento o lo hidrocarburos para la generación eléctrica (se pagará cuando se produzca electricidad y no antes), el queroseno, el gasóleo para el consumo agrícola y las mezclas de biocombustibles. También habrá compensaciones 'expost' para ciertos consumidores finales en determinados casos como los consumidores electrointensivos, la industria consumidora de gas y sujeta a deslocalización por riesgo de fuga de carbono y consumidores de gasoil y gasolina para usos profesionales.

Sistema de financiación

El objetivo del Gobierno es actuar sobre las "señales de precios y dar certidumbre al sistema en su conjunto". En 2012, para garantizar la sostenibilidad y el equilibrio del sistema eléctrico, se creó una palanca fiscal con cuatro impuestos –tasa del 7% a la producción de electricidad, el denominado céntimo verde que supone un 2% a los hidrocarburos, el impuesto a las nucleares y el canon por la utilización de aguas para la producción eléctrica— (cerca de 3.000 millones de euros) que ya no funcionan a pleno rendimiento, pues se basaban en demanda y precio creciente. Pero en la actualidad, se supone que la eficiencia energética hará disminuir la demanda de electricidad y el precio será inferior por las renovables.

"Si a todo ello le unimos la situación coyuntural derivada de la Covid-19 que ha supuesto una reducción de ingresos del sistema con una menor demanda de electricidad de pymes, el escenario es distinto y obliga a tomar medidas, porque si no hacemos nada esta recaudación supondrá un aumento de los costes fijos a los consumidores", ha indicado la ministra portavoz, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior a la reunión de los ministros. En concreto, los cargos podrían elevarse entre un 10% y un 15% para poder asumir esa caída de la demanda fruto del coronavirus.

Por ello, ha buscado una nueva forma de financiación para unos costes regulados que hacen que la electricidad en España sea una de las más caras de Europa. En concreto, el 35% del recibo de la luz es el consumo, el 25% los impuestos anteriormente descritos y el 40% restante costes fijos. En términos absolutos, los costes fijos suponen alrededor de 17.000 millones de euros, de los cuales 7.000 corresponden a las redes eléctricas que se financian a través de los peajes que fija la Comisión Nacional de los mercados y la Competencia (CNMC). De los 10.000 millones de euros restantes, que se financian a través de los cargos establecidos por el Gobierno, alrededor de 7.000 millones de euros son costes asociados al régimen de retribución de renovables, cogeneración y residuos (la partida que se cambia), 3.000 millones corresponden a la deuda acumulada por el déficit del sistema y entre 600 y 700 millones de euros, en función del precio del petróleo, del extracoste peninsular.

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