El director general de Trabajo de la Comunidad, Antonio Pascual del Riquelme, afirma que «la economía sumergida es un nido de accidentes laborales, que tenemos que atajar». Pascual de Riquelme, que este jueves intervino en la apertura de una jornada organizada por UGT sobre prevención laboral, espera que a principios del próximo año esté acabada la nueva Estrategia de Salud y Seguridad, destinada a reducir la siniestralidad laboral en la Región. El secretario general de UGT, Antonio Jiménez, destacó que hasta septiembre se habían registrado 15.700 accidentes laborales, un 20% más que el año anterior.
La jornada sobre ‘La seguridad y la salud laboral en la negociación colectiva’ estaba dirigida a los delegados sindicales para orientarlos sobre la introducción de las medidas de prevención en los convenios. En lo que va de año han perdido la vida 42 trabajadores de la Región según las estimaciones de los sindicatos, uno más de los que computa oficialmente la Comunidad, debido a las diferencias en los sistema de registro. Esta cifra supera el balance total del año 2021 y ha encendido las alarmas en todas las instituciones.
El director general de Autónomos, Trabajo y Economía Social de la Consejería de Empresa reconoció en su intervención que «los datos son malos. Tenemos que llegar a un objetivo utópico, que es accidentes cero, mortalidad cero. Para eso estamos sentados con todas las partes y tenemos que buscar una solución».
A su juicio, la economía sumergida es uno de las principales focos de siniestralidad, ya que es «el sitio en el que se genera una mala praxis, malos hábitos y una prevención de riesgos laborales inexistente. Estamos trabajando para firmar un Pacto contra la Economía Irregular para intentar luchar con otra herramienta».
Pascual del Riquelme precisó que los accidentes de trabajo in itinere, que son los que se producen en los desplazamientos a la ida y a la vuelta del trabajo, han bajado del 50% del pasado año al 45%.
Dijo también que los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2023 contemplan un aumento del 60% en la partida destinada a la prevención y divulgación de riesgos laborales y anunció una campaña de concienciación que se extenderá desde enero a diciembre del próximo año. El objetivo es que «la sociedad haga suya la prevención, no solo los trabajadores, los empresarios y la Administración». Defendió, no obstante, que no «debe criminalizarse ni a las empresas ni al trabajador».
Por su parte, el secretario general de UGT explicó que la siniestralidad se ha incrementado un 20% este año, con 15.700 accidentes con baja hasta el mes de septiembre. Hasta entonces se habían registrado ya 37 víctimas mortales, aunque noviembre ha terminado con 42 fallecidos.
En todo 2021 se registraron 31 muertos, «con lo cual se superan ampliamente las cifras del pasado año», se lamentó. Destacó que la construcción y la agricultura son los sectores en los que se ha producido un mayor repunte.
«No ayuda tampoco que falten presupuestos públicos para ayudar a las empresas a implantar la cultura preventiva. Creemos que puede ser un punto de inflexión para introducir medidas eficaces en las empresas», dijo Antonio Jiménez.
También la secretaria confederal de Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT, Ana García de la Torre, considera que «los datos son dramáticos» y muestran un aumento en la siniestralidad en todo el país, que se produjo incluso en el año 2020, «a pesar de que muchos trabajadores estaban en ERTE o teletrabajando, lo que demuestra que la prevención se quedó en segundo plano».
«Es duro decirlo, pero hoy han salido dos trabajadores de su casa que no van a volver. Eso es algo que hay que erradicar, una sociedad como la nuestra no puede permitírselo», afirma la responsable de Salud Laboral del sindicato.
Su previsión es que 2022 terminará con más de 800 víctimas mortales en España, por lo que reclama «un plan de choque», en el que se tenga en cuenta también la salud psicosocial, algo que no se abordó en una campaña anterior que puso en marcha el Ministerio».
García de la Torre asegura que «los infartos y los derrames cerebrales son la primera causa de muerte en nuestro país», pero no se tuvo en cuenta. «Exigimos una mesa de diálogo social en la que, de manera negociada, podamos poner en común propuestas y medidas, que pasan por reforzar la Inspección de Trabajo. Necesitamos más efectivos. No se trata de poner un inspector en cada empresa y hacer labores de policía, pero sí de que las empresas sepan que pueden ir a visitarlas», sostiene.
Las empresas de menos de nueve trabajadores sufren más accidentes
Las empresas con menos de nueve trabajadores son las que sufren más accidentes laborales, según indicó la secretaria confederal de Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT, Ana García de la Torre, ante los delegados sindicales que participaron este jueves en la jornada del sindicato.
García de la Torre explica que los centros de trabajo con una plantilla menor suelen ser menos estrictos en la aplicación de las normas de prevención, al no existir controles por parte de los sindicatos que sí se exigen en las grandes empresas. A su juicio, el aumento de la siniestralidad que se ha producido en las empresas durante los últimos años está relacionado «con la reforma laboral aprobada en 2012» por el Gobierno de Rajoy, que ha contribuido a que «no haya una gestión eficaz».
Además, señala que «la externalización de la prevención de riesgos laborales», que deja la aplicación de las medidas de seguridad en manos de empresas ajenas al centro de trabajo y da lugar a «una mercantilización» de la prevención, también contribuye a la falta de prevención.
«Tenemos que repensar qué se hace con los servicios de prevención ajenos», afirma García de la Torre. Igualmente, reprocha a la Administración central que haya excluido a los sindicatos del protocolo establecido entre la Fiscalía y los ministerios de Justicia, Trabajo e Interior. García de la Torre afirma que el acuerdo se ha firmado «sin tener en cuenta a los agentes sociales».
El bloqueo de los convenios frena la revisión a 230.000 trabajadores
Antonio Jiménez, secretario general de UGT en la Región, confía en que la negociación colectiva va a permitir el desarrollo de las medidas de prevención necesarias para reducir la siniestralidad en los diferentes sectores.
Sin embargo, apunta que el bloqueo de los convenios que llevan años sin renovarse frena la revisión de las condiciones que se están aplicando a 230.000 trabajadores de la Región. Jiménez defiende que «se trata de adecuar las medidas oportunas de prevención al sistema productivo y a la organización de la empresa y de cada sector». A su juicio, los convenios colectivos son una herramienta «ágil, válida, eficaz y a nuestro alcance para introducir medidas consensuadas, integrales e innovadoras en materia de salud laboral».
Sin embargo, reconoce que «no ayuda la situación de bloqueo en la que se encuentra la negociación laboral», con más de una treintena de convenios colectivos caducados, muchos de los cuales llevan más de 10 años sin revisión.
Entre estos últimos se encuentra el de la hostelería, cuya negociación ha vuelto a quedar suspendida, ante la negativa de los empresarios a volver a la mesa de negociación mientras hay protestas convocadas por los sindicatos. Jiménez reprochó a la patronal de hostelería «que no mira por los trabajadores, a pesar de los 73 millones que recibió para el rescate y de las facilidades y exenciones que les han dado los ayuntamientos para poner terrazas».
UGT cree que la Guardia Civil no identifica la siniestralidad laboral
El secretario general de UGT, Antonio Jiménez, considera que la Guardia Civil «tiene dificultades para identificar un accidente laboral» y diferenciarlo de los accidentes de tráfico cuando los trabajadores que se desplazan por la Región a primera hora de la mañana y a última hora de la tarde son víctimas de algún siniestro en la carretera.
Antonio Jiménez defiende que, a pesar del elevado número de temporeros que diariamente cruzan la Región e incluso «llegan a desplazarse desde Lorca a poblaciones situadas en la provincia de Albacete, lo que les obliga a realizar viajes de dos horas en algunas ocasiones», cuando sufren algún tipo de percance durante el trayecto se registra como «un accidente de tráfico más».
Como ejemplo, cita el siniestro registrado el pasado 21 de octubre en La Almudema, una pedanía de Caravaca en la que fallecieron tres jornaleros y resultaron heridos otros siete. El líder de UGT en la Región explica que al no establecerse esta distinción por parte de la Guardia Civil, «los sindicatos no nos enteramos que se ha producido un accidente laboral». En estos casos, además de la investigación habitual que realizan los agentes de Tráfico, también debe intervenir la Inspección de Trabajo para determinar las condiciones en las que se produce el siniestro y las vinculaciones de las víctimas con las empresas para las que trabajan.
Jiménez recuerda que uno de los factores que se repite con frecuencia en los accidentes in itinere es el cansancio del conductor, que normalmente es uno de los propios temporeros, lo que implica que suma el tiempo de viaje a las horas de trabajo en el campo.