Cuando una normal se aprueba como proyecto de ley, se hace preceptivo un informe del Consejo Jurídico y del Consejo Económico Social, dos entes que ejercen cierto control sobre el Poder Legislativo. Sin embargo, tal y como reconoce el presidente del CES a La Opinión, José Antonio Cobacho, el Gobierno murciano «últimamente ha optado por la vía del decreto-ley», una forma de aprobar legislación sin la participación de agentes externos al Ejecutivo, más allá de la convalidación en la Asamblea Regional.
Cobacho asume con naturalidad el «camino» iniciado en el Palacio de San Esteban, ya que «es perfectamente legal» y, por tanto, no tiene «nada que objetar» al respecto. No obstante, este proceso puede tener el inconveniente de que las nuevas leyes vean la luz sin la suficiente seguridad jurídica. «Está claro que se aprueban con menos información». En lo que llevamos de año, el CES ha emitido un único dictamen sobre una propuesta del ejecutivo, el que publicó sobre el Proyecto de Ley que aprobaba el reglamento de accesibilidad universal de la Región.
Por otro lado, la vía del decreto-ley cuenta con ventaja de la rapidez, «siempre y cuando lo estimen pertinente», afirma Cobacho. Para él, que el mundo esté pasando por situaciones extraordinarias como la crisis sanitaria derivada del coronavirus, la crisis social provocada por la guerra en Ucrania y la crisis económica como consecuencia de las dos anteriores han podido empujar al Gobierno del presidente Fernando López Miras ha abandonar los proyectos de ley.
Tercera Ley de Simplificación
El último decreto-ley aprobado por la Comunidad ha sido la tercera Ley de Simplificación Administrativa, una norma que, precisamente, los grupos de la oposición tachan de ilegal por rebajar los controles medioambientales para las empresas. La segunda ley de este tipo, sin ir más lejos fue modificada parcialmente por el Tribunal Constitucional.
