La presidenta de Thader Consumo, Juana Pérez, se presentará como candidata para ser presidenta suplente del Consejo de la Transparencia en sustitución de Santiago Álvarez, que ha dimitido tras la decisión del Ejecutivo regional de suprimir el registro de este órgano de control al Gobierno, privándolo de su propia sede electrónica. Juana Pérez, que va a solicitar la convocatoria de un pleno del Consejo en noviembre para proponer su candidatura, asegura ser la consejera con más antigüedad y niega haber dejado de formar parte de este órgano desde su constitución, a pesar de que es consciente de que algunos de sus integrantes dan por hecho que permaneció ausente varios meses.

La designación del nuevo presidente del órgano encargado de controlar al Gobierno regional tendría que resolverse en la Asamblea Regional, pero el complejo equilibrio que mantiene en este momento el Ejecutivo murciano hace difícil la presentación de un candidato y la culminación del proceso legal que exige la sustitución de Julián Pérez -Templado, que dejó el cargo por motivos de salud, pero no ha sido cesado oficialmente.

Mientras que el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, no someta a la aprobación de la Asamblea el nombre de otro candidato, que debe ser aprobado con una mayoría de dos tercios o por una mayoría simple en segunda votación, Pérez-Templado seguirá siendo presidente en funciones. En su ausencia, su puesto debe ser ocupado por un presidente suplente.

Al no existir en el Consejo de la Transparencia ningún reglamento ni procedimiento establecido para el relevo en la presidencia, se da por hecho que debe aplicarse el criterio marcado en Derecho Administrativo, que da prioridad a la jerarquía, la antigüedad y la edad, por este orden.

Como tampoco hay jerarquía alguna, Juana Pérez, que fue nombrada en representación del Consejo Económico y Social (CES), aspira a ser presidenta acogiéndose a la primacía de la antigüedad y se muestra «partidaria del consenso». Asegura que durante el periodo en el que se le considera ausente no solo siguió ejerciendo como consejera, sino que participó en «una votación nominal», en la que aparece su nombre entre los votantes, por lo que considera estéril el debate sobre su antigüedad y se muestra convencida de que la discusión puede resolverse con «una consulta al acta del pleno del 23 de abril de 2020. Soy la única que queda en la foto», afirma.

Defiende también que el Consejo de la Transparencia «debe darle respuestas a los ciudadanos y no ser un instrumento que genere problemas políticos».

Por su parte, el representante de CC OO José Luis Sánchez Fagúndez, que también se considera el consejero con más antigüedad y defiende que él tiene prioridad para optar al puesto, porque Juana Pérez fue nombrada dos veces. Mantiene igualmente que la mejor solución sería la sustitución de Pérez-Templado, en lugar de recurrir a una alternativa provisional.

El consejero que representa a Comisiones Obreras acusa al Gobierno regional de suprimir el registro de entrada de las quejas de los ciudadanos, cuya derogación aparece incluida en la ley de Dinamización, con el propósito de «interferir en la tramitación de las reclamaciones, el 78% de las cuales van dirigidas contra la Administración regional. La Comunidad está interesada en que las preguntas de los ciudadanos no tengan respuestas», asegura. Recuerda igualmente que hay «170 reclamaciones pendientes de resolución, que no se pueden tramitar por el bloqueo».

A Juana Pérez le reprocha que votara en contra cuando el Consejo acordó reclamar al Ejecutivo la lista de los altos cargos vacunados.