La Fiscalía de Menores de la Región de Murcia realizó en 2021 un total de 441 expedientes de determinación de edad, de los cuales 330 resultaron ser menores extranjeros que llegaron a la Región sin la compañía de un familiar adulto, según los datos del Ministerio Público. Se trata de adolescentes cuya edad hay que determinar, ya que no son niños pequeños y, al tener 16 ó 17 años en su mayoría, hay dudas. Al confirmar que no han alcanzado la mayoría de edad, pasan a residir en un centro público de la Comunidad.
La directora general de Familia y Menores, Silvia Muñoz, dijo ayer aseguró que estos días un total de 77 menores llegados en patera a la Región han entrado al centro de Nonduermas. «En la Conferencia sectorial de infancia y adolescencia celebrada el miércoles se expuso que la Comunidad cuenta con una sobreocupación del 190 por ciento», aseguró en un comunicado de prensa.
Por otro lado, la asociación Convivir sin Racismo enviaba ayer un comunicado para remarcar que «ante la presencia de menores en Escombreras hemos requerido de forma inmediata y urgente que procedan a trasladar a los niños y niñas allí encerradas junto con los adultos responsables que les acompañan, a un lugar que cumpla las condiciones mínimas establecidas en las leyes de protección de menores o en su defecto a centros de protección de menores de la Comunidad». Lo ha puesto en conocimiento de la Oficina del Defensor del Pueblo y de la Fiscalía de Menores.
Tay y como informó La Opinión, en el recinto del puerto se observaba el miércoles «a un grupo de entre seis y diez niños en estas instalaciones junto al resto de adultos». «Este espacio mantiene un dispositivo de emergencia rudimentario, con carpas y aseos provisionales, presentando carencias básicas de salubridad y falta de infraestructuras adecuadas para la atención a personas», denuncian desde la asociación.
«Y en especial es un lugar inadecuado y peligroso para los menores privados de libertad con necesidades especiales de protección y que se encuentran alojados con adultos que en algunos casos no son sus familiares, en medio de unas instalaciones al aire libre en condiciones precarias e insalubres, lo que vulnera lo establecido en la Convención de Derechos del Niño y en nuestro ordenamiento jurídico de protección de la infancia», hacen hincapié.
En la misma línea, subrayan que este modo de proceder «incumple con las obligaciones que establece la Ley de Extranjería de que, ante la detección de un menor, deben ponerlo en conocimiento inmediato de la Fiscalía de Menores y puesta a disposición de las autoridades de protección».
Problemas con los intérpretes
Desde el Colegio de Abogados de Cartagena denunciaron ayer que en Escombreras «hay una manifiesta carencia en el servicio de interpretación para las entrevistas reservadas con los inmigrantes, que se deben producir, en un primer momento, en las tres horas siguientes al aviso policial, y que se puede producir a cualquier hora del día y de la noche».
«Reclamamos para ello tanto a la empresa concesionaria del servicio, como a la Delegación del Gobierno como responsable último, que ponga todos los medios necesarios para que estas personas cuenten con el derecho a intérprete con que la ley les ampara», remarcaron en una nota.
