Seis familias son desahuciadas cada día de sus viviendas en la Región de Murcia por no poder hacer frente al pago de la hipoteca o del alquiler. Un problema que sigue latente pese al escudo social que desplegó el Gobierno en plena pandemia y que aún sigue vigente para proteger a las personas más vulnerables. En los tres primeros meses del año, se han producido en la Comunidad 543 lanzamientos de viviendas, según las estadísticas publicadas por el Consejo General del Poder Judicial. Son un 8% menos que en el mismo periodo del año pasado, cuando se registraron 592, pero todavía sigue siendo una cifra muy alta.
La mayoría de desalojos que se producen en la Región son de personas que no pueden hacer frente al pago del alquiler de una vivienda, con 316 casos en los tres primeros meses del año. Este número ha aumentado respecto al mismo periodo del pasado año, ya que entonces se registraron un total de 292.
Asimismo, Murcia, con un índice de 20,6, es la quinta comunidad autónoma de España en la que más desahucios derivados del impago del alquiler por cada 100.000 habitantes se producen, solo superada por Baleares, Canarias, Cataluña y Comunidad Valenciana. Por otra parte, los lanzamientos por no poder hacer frente al pago de la hipoteca se sitúan en este primer trimestre de 2022 en los 192, disminuyendo los 263 que practicaron por las mismas fechas del pasado año. También se ejecutaron un total de 35 desalojos por otras causas, incluyendo los que son a consecuencia de ocupaciones ilegales.
Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de la Región de Murcia alertan de que el escudo social que puso en marcha el Ejecutivo central «muestra una vez más su insuficiencia, y no frena este incesante caudal de tragedias».
Por provincias, Murcia se sitúa solo por detrás de Barcelona, Madrid, Alicante y Valencia
Su propio portavoz, Paco Morote, apunta a esta redacción que el leve descenso en el primer trimestre de 2022 respecto al mismo periodo del pasado año se podría deber «a algún tipo de accidente, ya que no existe ninguna razón objetiva que lo justifique. Podría ser incluso una mayor lentitud de los juzgados». Lo que teme Morote es que en los próximos trimestres haya un efecto rebote y vuelva a subir. Por otra parte, la PAH critica la «inexistente práctica» de un parque público de vivienda, lo que «impide, por una parte, realojar a las familias desahuciadas, y, por otra, favorece la ocupación ilegal frente a la falta de recursos y de alternativas para esas familias».
En este sentido, lamentan que con «los precios de alquiler desbocados, su falta de control, y el anuncio de insumisión por parte del Gobierno regional a los mecanismos que la ley estatal de vivienda pueda incorporar, se auguran en el futuro próximo fuertes incrementos de este tipo de desahucios».
Para la PAH de la Región, el Ejecutivo murciano debería «abordar el ejercicio del derecho a la vivienda, para lo que debería, en primer lugar, unirse a la iniciativa de la Comunidad Valenciana, a la que ya se han sumado Asturias, País Vasco, Aragón y Cataluña, y reclamar al Ministerio de Economía la cesión para el parque público de todas las viviendas de la Sareb, ubicadas en nuestra Región y que ronda la cifra de 3.000».
Por último, advierten que el panorama será «demoledor» cuando el próximo 30 de septiembre finalice la protección del escudo social «si no se tienen en cuenta las reclamaciones y propuestas de la PAH y el resto de organizaciones que integran la iniciativa Ley de la Vivienda». Aseguran que ejercerán «la presión social en las calles» para lograr que el derecho a la vivienda pase a ser un «derecho fundamental».
Además del fin de los alquileres sociales, también vuelve a ser frecuente que haya familias que no pueden hacer frente al pago de la hipoteca después de que, con la recuperación económica antes de la pandemia, muchas familias se lanzaran a la compra de una casa. Las distintas asociaciones que tratan de impedir que se realicen estos lanzamientos y que atienden a los afectados señalan que el problema no ha hecho más que empezar, porque los precios no hacen más que subir y los van a seguir haciendo y las familias están al límite.
Suspender los desahucios de sus viviendas a personas o familias afectadas por la crisis del covid. Esta es una de las medidas estrella del denominado ‘escudo social’, que desplegó el Gobierno cuando estalló la pandemia de coronavirus. Sin embargo, esta medida no ha tenido el efecto que se esperaba en la Región, a tenor de los datos del Consejo General del Poder Judicial. El pasado mes de febrero, el Gobierno decidía prorrogar hasta octubre la ley para evitar que una familia afectada por la pandemia pueda perder su vivienda. Fuentes judiciales y de las plataformas antidesahucios coinciden en señalar que los férreos requisitos de la ley hacen en la práctica inviable que las familias vulnerables puedan acogerse a la misma.
Los requisitos para poderse acoger a esta moratoria es haber pasado a estar en una situación de desempleo o, en caso de ser empresario o profesional, haber sufrido una pérdida sustancial de ingresos o una caída en la facturación de al menos el 40%.
Además, su renta no podrá superar el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual (casi 1.700 euros mensuales) y el alquiler a pagar, más los gastos y suministros básicos, deberá sobrepasar el 35% de los ingresos de la unidad familiar.
