Policías locales de la Región con discapacidad sobrevenida piden que se apruebe una normativa común que garantice que los ayuntamientos seguirán contando con ellos, pese a ver alterada su condición física por un accidente o una dolencia. En la actualidad, a la mayoría de estos municipales se les jubila «a la fuerza» y no se facilita su continuidad en puestos acordes a su nueva situación, aunque ellos insisten en que «aunque no podamos perseguir a un sospechoso, sí podemos, por ejemplo coger un teléfono».
En la comunidad murciana hay una delegación de la Asociación para la Integración Laboral de la Policía Local con Discapacidad (Ail-pold), cuyas demandas apoyaron, con la rúbrica de un comunicado conjunto, los principales sindicatos policiales con representación en la Región: Comisiones Obreras, CSIF, USO, SIME, UGT y Sindicato Profesional de Policías y Bomberos (SPPLB).
Tal y como se lee en este manifiesto, los sindicatos ponen sobre la mesa «la creación de una plataforma común para defender el derecho a una segunda actividad digna de los policías locales de la Región de Murcia».
Recuerdan en el comunicado que «nadie está exento de sufrir una enfermedad o un accidente y, por este motivo, nadie debería ser discriminado por razones de su discapacidad ni recibirá un trato indigno por razón de sufrirla».
Estudian la creación de una plataforma conjunta para defender "el derecho a una segunda actividad digna"
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia obligó en una sentencia al Consistorio de Lorquí a buscar un puesto a un municipal al que apartó por una incapacidad física. Lo que hizo el Ayuntamiento fue acordar la jubilación del hombre por haber sido declarado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en situación de incapacidad permanente total para su profesión de agente de Policía Local, y se desestimó su solicitud de ocupar otro puesto de trabajo compatible con su capacidad laboral.
El afectado llevó el tema a los juzgados y fue recurriendo hasta que el TSJ le respaldó. En una sentencia de hace casi cinco años, ordenó que se le pasase «a la segunda actividad en el mismo cuerpo, o, si no hay puestos, que pase a prestar servicios complementarios adecuados a su capacidad y a su categoría en la misma corporación local, excepto que resulte su ineptitud». Este agente es ahora el delegado de Ail-pold en la Región.
Según los cálculos de esta asociación, sin embargo, solo un pequeño porcentaje de los agentes afectados batalla judicialmente para que se les permita seguir en activo en ocupaciones acordes a su situación sobrevenida.
Piden cambiar la ley
«Tú te preparas para ser policía y fuera de ahí no tienes una carrera paralela: tú has sido policía», apunta Miguel Alcaraz, coordinador Regional de Administración Local de Comisiones Obreras en la Región de Murcia.
Desde su punto de vista, para que se regule la situación «tiene que haber un desarrollo de la Ley de Coordinación», algo que «no termina de salir», que «está en el limbo», lamenta.
«La ley entró en vigor va a hacer tres años», recordó el sindicalista. Se trata de la Ley 6/2019, de 4 de abril, de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,que, en su artículo 60.4, ‘Segunda actividad por disminución de las aptitudes psicofísicas’, «limita el acceso a la situación de segunda actividad a aquellos policías declarados tanto en incapacidad permanente total como absoluta», denuncian desde Ail-pold, que calcula que en la comunidad murciana hay una veintena de damnificados y cuyo delegado se reunía, a finales del año 2021, con el consejero de Transparencia, Participación y Administración Pública, Antonio Sánchez Lorente, para exponerle que «esta norma vulnera los derechos de las personas con discapacidad».
«Con tu silla de ruedas, puedes atender al público», tienen claro desde el sindicato CSIF en la Región, al tiempo que subrayan que la pretensión es que los policías con una discapacidad «sigan cobrando el cien por cien, realizando otras funciones dentro del cuartel». «El problema es que el reglamento de cada ayuntamiento tiene que incluirlo», precisan.
«Si no puedes mover las piernas, puedes trabajar de administrativo, de técnico, de lo que sea», reiteran desde el colectivo.
Desde el Sindicato Profesional de Policías y Bomberos (SPPLB), por otro lado, además de exigir que «se regule el pase a la situación de segunda actividad al que hace referencia el artículo 61 de la Ley 6/2019 de Coordinación de las Policías Locales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia», aluden a la necesidad de que «la Policía Local sea considerada como profesión de riesgo, como ya lo es ser miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y que la Proposición No de Ley que fue aprobada en el Congreso en septiembre de 2020 se vea definitivamente reflejada en el real decreto encargado de regular tal cuestión».
El TSJ obligó al Consistorio de Lorquí a buscar un puesto a un municipal al que apartó por una incapacidad
«Al mismo tiempo, desde el SPPLB, defendemos que la regulación autonómica que está por aprobar de segunda actividad integre de manera definitiva a aquellos policías locales que puedan sufrir algún tipo de incapacidad sobrevenida que en la mayoría de los casos acaba con sus carreras profesionales y con jubilaciones no deseadas», remarcan desde la organización sindical en la Región. En la misma línea, «esta formación sindical apuesta por la creación de puestos adaptados a la discapacidad que les pueda sobrevenir», reiteran.
La Mancha y Gerona, pioneras
La Región de Murcia podría tomar ejemplo de otros lugares de España, consideran los policías con discapacidad. En Castilla-La Mancha, hace tres años, «se logró modificar el articulado del Reglamento de la Ley de Coordinación, permitiendo el acceso a la segunda actividad desde la incapacidad permanente total y corrigiéndose con ello una grave discriminación», resaltan desde Ail-pold.
Además, «hay un reglamento de segunda actividad en el municipio de Palafrugell, Gerona, que es pionero en España porque es el primero que se adapta a la normativa a la Convención de la ONU de las personas con discapacidad, así como a toda la legislación internacional, nacional y autonómica que hay al respecto a estas», tal y como recordó el delegado de la asociación cuando pidió al consejero de Transparencia que cambiase la ley que hay en la comunidad murciana.
En el Almudí, el Ayuntamiento...
Más de una decena de agentes de la Policía Local de Murcia que cuentan con una discapacidad se encuentran trabajando en oficinas, desempeñando labores más adecuadas a su situación, calculan fuentes policiales.
Cuando un miembro de la plantilla policial de la principal ciudad de la Región (compuesta por cerca de 500 agentes) se ve mermado por un accidente o una enfermedad, siempre encuentra su sitio en la segunda actividad: en edificios como el Ayuntamiento o el Almudí, en oficinas o recepción de cuarteles. Algo a lo que ayudó el hecho de que recientemente se jubilase mucha gente.
Sin embargo, la Asociación para la Integración Laboral de la Policía Local con Discapacidad (Ail-pold) quiere regularlo y celebraba recientemente que «tras varias reuniones con el secretario general de Administración pública y Policía Local del sindicato CSIF de Murcia, se ha realizado conjuntamente un reglamento de segunda actividad para la Policía Local de este municipio, dado que en la actualidad no existe, siendo presentado en el registro».
En concreto, detallaban que «dicho documento es una aportación para que se realice el correspondiente estudio y análisis para comenzar con la negociación y poder ponerlo en marcha».
«Con este gran paso los compañeros de Murcia que sufran una discapacidad sobrevenida podrán tener un ajuste razonable tras sufrir dicha lesión y no les expulsarán de la Administración, cambiando significativamente su vida y no coartando su vida personal y laboral», hacen hincapié desde la citada asociación.
Por un mercado "inclusivo"
La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que ningún trabajador, incluido un policía local, sea privado de su puesto de trabajo si, por ejemplo, pierde un ojo.
En este sentido, el artículo 27 de la Convención sobre Discapacidad reconoce el derecho a trabajar de estas personas «en igualdad de condiciones con las demás; ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laboral que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad». Y prohíbe «la discriminación por motivos de discapacidad con respecto a todas las cuestiones relativas a cualquier forma de empleo».
