La subida del salario mínimo interprofesional acordada por el Gobierno y los sindicatos ha convertido en mileuristas a unos 200.000 trabajadores de la Región, que este año cobrarán 14.000 euros repartidos en catorce pagas, según los cálculos de los sindicatos. CC OO y UGT recuerdan que esa revisión, considerada «inoportuna» por la patronal regional, amortiguará la pérdida de poder adquisitivo a los asalariados de los sectores que tienen sus convenios colectivos caducados, como la hostelería o el comercio, y aumentará el consumo.
La subida del salario mínimo acordada por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, con CC OO y UGT en contra de la voluntad de los empresarios es la cuarta que ha aplicado el Gobierno. La primera se produjo en 2019, cuando pasó de 735 euros a 950, lo que supuso un repunte del 30%. En 2020 se elevó a 950 euros y el pasado año alcanzó los 965. En 2022 sube otros 35 euros y alcanza los 1.000. Las cuatro revisiones aplicadas en los últimos cuatro años suman 235 euros.
Entre los sectores sujetos al salario mínimo figuran las actividades de la agricultura y la industria agroalimentaria, el comercio, la hostelería y las empleadas de hogar, entre otros.
La Croem hacía público un comunicado este jueves en el que recuerda que el repunte se suma también a «la subida de las cotizaciones y el alza en la presión fiscal». La organización empresarial dice que «España se encuentra aún en un contexto económico de mucha incertidumbre y pendiente de la recuperación de la economía, que no alcanzará niveles precrisis hasta 2023, con presiones en los costes de las empresas y de los autónomos». La patronal entiende que provocará un aumento de «los costes laborales y de la presión sobre los márgenes de las empresas, lo que unido a otros riesgos, como el encarecimiento de las materias primas o la subida energética, pueden suponer menor dinamismo económico y reducción en la creación de empleo en el futuro».
La Croem advierte «del perjuicio que esto creará en sectores vulnerables que soportan sobrecostes de todo tipo y que han visto condicionada su actividad por la pandemia en los dos últimos años».
Por el contrario, los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT, Santiago Navarro y Antonio Jiménez, respectivamente, coinciden en destacar que este incremento salarial tiene un impacto directo sobre la economía, dado que «el dinero va al bolsillo de los trabajadores que se gastan el suelto íntegro».
Santiago Navarro sostiene que «los salarios no son el problema de ningún sector» y apunta que incluso en actividades más sensibles a los costes salariales, como la agricultura, «el verdadero problema está en las grandes empresas que se aprovechan para poner los precios más bajos».
Recuerda que «la patronal y los economistas más conservadores también habían previsto que se destruiría empleo con las subidas anteriores», pero sus predicciones no llegaron a cumplirse.
El secretario general de CC OO recordó igualmente que antes de la pandemia la patronal había firmado un acuerdo con los sindicatos para elevar el salario de los convenios a 1.000 euros mensuales, de acuerdo con el pacto alcanzado entonces por la CEOE y con los sindicatos mayoritarios.
Por su parte, Antonio Jiménez también niega que elevar a 1.000 euros el salario mínimo pueda considerarse una amenaza para el empleo. Recuerda que, a pesar de las advertencias de la patronal tras la primera subida de 2019, «se crearon 200.000 puestos de trabajo».
Por el contrario, sostiene que este incremento se traducirá «en un aumento del consumo» y del dinamismo económico, dado que va destinado a personas con una economía muy ajustada.
El secretario general de UGT calcula que unos 80.000 murcianos que hasta ahora tenían unas retribuciones superiores al salario mínimo han pasado a formar parte de los sectores que están dentro del paraguas de los 1.000 euros.
Jiménez defiende la subida como una cuestión de «justicia social» y también recuerda que la patronal se había comprometido a implantar un salario de 14.000 euros anuales en los convenios colectivos.
