El PSOE denunció este viernes ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada al consejero de Hacienda, Luis Alberto Marín, a su antecesor , Javier Celdrán, y al director general de Informática y Transformación Digital, Javier Martínez Gilabert, por la tardanza del concurso de la televisión autonómica y la adjudicación a la anterior concesionaria de un contrato directo por la vía de urgencia, en las que ve indicios de los delitos de prevaricación, malversación y cohecho.
La dirección del PSRM-PSOE considera que la demora ha provocado una situación «fraudulenta», dado que la anterior concesionaria, CBM Servicios Audiovisuales, filial de la compañía Secuoya, ha seguido gestionando La 7 desde entonces mediante un contrato asignado sin ningún tipo de concurso público y habrá ingresado 17,1 millones de euros al acabar este mes de noviembre, al amparo de la normativa legal que facilitó la declaración del estado de alarma.
Por eso sostiene que «existen indicios suficientes para poder entender que nos encontramos ante una contratación fraudulenta que se viene prolongando desde hace más de un año», sin que se hayan modificado las órdenes de prórroga «dictadas cuando dejó de estar vigente el estado de alarma. Se sigue aludiendo a esta extinta situación para justificar la contratación de emergencia», se apunta en la denuncia.
El PSOE pide a la Fiscalía que investigue si los responsables de poner en marcha el procedimiento para renovar el contrato de 7TV incurrieron en los presuntos delitos de prevaricación, malversación y cohecho al haber convocado el concurso apenas dos meses antes de que expirara el anterior contrato con Secuoya, a pesar de saber que no daría tiempo de resolverlo en un plazo tan breve. De hecho, los denunciantes recuerdan que la adjudicación del concurso convocado en 2014 tardó un año en resolverse, por lo que señalan que la demora ha beneficiado a la anterior adjudicataria al permitirle seguir gestionando 7TV durante 19 meses y cobrar 17,1 millones.
En esta ocasión el concurso se ha alargado más de un año y medio porque llegó a estar suspendido por orden del Tribunal de Recursos Contractuales, que obligó a modificar el pliego de condiciones a instancias del grupo murciano TCERO, uno de los cinco postores que presentaron ofertas.
El PSOE argumenta igualmente que las prórrogas a Secuoya han sido aprobadas por un gobierno en el que «existen vínculos personales más que cuestionables entre responsables políticos de alto rango de la Comunidad», ya que el director general de La 7, Antonio Peñarrubia, está casado con la secretaria general de Presidencia, Mar Moreno. «Que la secretaria general de Presidencia sea la esposa del director general de la adjudicataria de estos dieciocho millones de euros por lo menos exige una investigación judicial de los hechos denunciados», sostienen en la denuncia.
La Consejería de Hacienda ha eludido pronunciarse sobre la denuncia del PSOE.
Rechazan que pueda ampararse en la Ley de Contratos
La dirección del PSRM cree que el contrato de urgencia con la anterior concesionaria de La 7, la compañía Secuoya, es «un fraude». Asegura en el escrito dirigido a la Fiscalía contra la Corrupción que este encargo, adjudicado al amparo del estado de alarma, no puede vincularse a las situaciones de emergencia contempladas en el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público, porque no responde a «un acontecimiento catastrófico ni situación que suponga grave peligro o ninguna necesidad que afecte a la defensa nacional».
El comité de expertos entregará la próxima semana su valoración de las ofertas
El nuevo comité de expertos nombrado por el consejero de Hacienda, Luis Alberto Marín, para valorar las ofertas de las cinco empresas que aspiran a llevarse el nuevo contrato de 7TV entregará la próxima semana su informe con las puntuaciones a las ofertas de carácter técnico presentadas por las candidatas. A partir de entonces se reunirá la Mesa de Contratación para abrir el tercer sobre del concurso, que contiene las ofertas económicas, y se decidirá quién es la adjudicataria del contrato de 77 millones.
Los integrantes del equipo encargado de puntuar a las cinco aspirantes ha tenido solo dos meses para estudiarse toda la documentación,
Fue nombrado el pasado mes de septiembre, tras el cese del primer comité de expertos, que había designado el anterior consejero, Javier Celdrán, en diciembre de 2020. Las discrepancias en el sistema de evaluación llevaron a una de sus integrantes a presentar su informe a través del registro de la Consejería de Hacienda antes del verano, aunque la Mesa de contratación no llegó a reunirse hasta finales de septiembre para confirmar el cese y decidir su relevo. Por eso, tras diez meses perdidos, la Consejería de Hacienda ha obligado al nuevo comité a trabajar contrarreloj para evitar que la resolución del concurso siga demorándose.
La Comunidad tendrá que volver a prorrogar el 1 de diciembre el contrato de urgencia que adjudicó a Secuoya en marzo de 2020 para que siguiera gestionando la televisión autonómica hasta que se resolviera el concurso y la empresa adjudicataria esté en condiciones de arrancar sus emisiones. Cada vez que se publica una nueva prórroga la Consejería de Hacienda trata de dejar claro que solo ha hecho un contrato a Secuoya y que no ha habido ninguna renovación.
