El Grupo Popular anunció ayer que la Fiscalía ha archivado una denuncia contra una decena de funcionarios municipales por la tramitación de decenas de contratos menores. Los populares señalaron que se trata de una causa que partió del portavoz de Ciudadanos y vicealcalde de la coalición de Gobierno, Mario Gómez.

Sí aprecia el fiscal en un puñado de contratos desajustes, defectos formales pero esos hechos «no alcanzan la valoración de injustos y arbitrarios propios del delito de prevaricación, entendiendo procedente el archivo de las actuaciones».

La portavoz popular, Rebeca Pérez y el exalcalde de Murcia, José Ballesta, denunciaron que las «persecuciones partidistas de Mario Gómez ralentizan el normal funcionamiento del Ayuntamiento, al tener que dedicar tiempo y esfuerzo a algo tan lógico como demostrar que el trabajo que desarrollan sus funcionarios está bien hecho. Este comportamiento acarrea un perjuicio a los vecinos, que son los grandes perjudicados por las ínfulas de Mario Gómez».

Por ello, el PP exigió la dimisión inmediata de Mario Gómez «tras interponer personalmente una denuncia falsa contra los trabajadores de su propio Ayuntamiento por la tramitación de contratos y para perjudicar al PP».

Además, los populares también pidieron al alcalde José Antonio Serrano que cese a su vicealcalde «o será cómplice de la campaña de desprestigio institucional contra la buena imagen del Ayuntamiento».

«Hay que ser muy irrespetuoso con la verdad, por no decir otra cosa, cuando se me acusa de denunciar a 10 funcionarios sin que haya denunciado ni a uno solo de ellos», respondió ayer el líder de Cs, Mario Gómez, que recordó que él no ha puesto ninguna denuncia en Fiscalía. «Simplemente denuncié una situación de acoso personal que estaba sufriendo a la Policía Nacional. En esa denuncia me preguntaron los motivos por los que creía que me estaban acosando y expliqué que podría ser por poner de manifiesto una serie de irregularidades de la administración». Acto seguido, señala, «me llamaron de la Udef interesándose por el tema». «Es la propia Udef la que pone en conocimiento estos hechos a la Fiscalía», aclara el vicealcalde.

«Que el fiscal no haya considerado prevaricación no quiere decir que la Udef no lo haya considerado y entiendo que estos policías no están cuestionados», sostiene el edil de Ciudadanos, que destaca que «lo más importante es que existían irregularidades que no se pueden admitir en una administración. Algo de lo que no se puede sentir nadie orgulloso, ni el PP».

Según Gómez, «el PP debería asumir su responsabilidad y como mínimo pedir perdón a los murcianos». La contratación de la administración debe ser, según el vicealcalde, «ejemplar y no cometer incumplimientos formales de los contratos menores cuando la ley habilita herramientas para hacerlo correctamente y no de forma irregular».