Mañana se debatirá en el pleno de la Asamblea Regional una moción del Grupo Parlamentario Popular para trasladar al Gobierno de la nación de las necesidades recogidas en el Pacto por la Justicia de la Región de Murcia, que llega respaldada por 35 entidades sociales y económicas.

Entre sus principales demandas, se reclama un refuerzo en medios personales y materiales, implantación de nuevas tecnologías, actualización formativa y de nuevas capacidades y el fomento de la mediación y el arbitraje.

Entre las consideraciones que se incluyen, el Pacto entiende que «el Estado debe reconocer la infradotación de la Administración de Justicia en la Región de Murcia y la cuantificación de dicha infradotación en órganos judiciales y recursos humanos». Además, se subraya expresamente la «precaria situación de la planta de los partidos judiciales de Molina de Segura, Lorca y Cartagena, junto con Murcia, los únicos que tienen categoría de Magistrado. También se pone de manifiesto que el complemento específico de los funcionarios no ha sido actualizado desde el año 2008 por el Ministerio de Justicia y subrayan la necesidad de construcción de una Ciudad de la Justicia en Cartagena.