El abogado murciano, José Luis Mazón, ha emprendido una cruzada quijotesca para plantar cara a «un golpe de estado silencioso contra el derecho a la intimidad y a la libertad», algo que, en su opinión, se habría producido con la promulgación de la Ley Orgánica 7/2021, de Protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales. Este abogado, especializado en el ámbito de los derechos fundamentales, se ha querellado contra 277 diputados y el Gobierno de España por haber permitido con sus votos dar luz verde a una ley que ha abierto «un boquete, un coladero, para cargarse todas las garantías jurídicas de la inviolabilidad del domicilio, de tu correspondencia, de tu correo electrónico o de tu dispositivo móvil».
Según este letrado, en virtud de esta legislación, que ha pasado un tanto desapercibida ante la hecatombe de la crisis covid, «si la policía mete en un fichero a un ciudadano, porque sospecha que pretende cometer un delito, esa ley les autoriza a hacer una salvajada: colocar micrófonos, investigar la salud, los gustos sexuales o tus opiniones políticas; eso es de ciencia ficción distópica», denuncia Mazón.
Esta llamativa querella arrancó cuando José Luis Mazón visionó uno de los vídeos de la popular cuenta de Youtube ‘Un abogado contra la demagogia’ en el que se narran los hechos que acabaron con la aprobación «de esta ley insólita». A partir de este momento, Mazón comienza a documentarse y a investigar. «Es como si se hubiera hecho una ley orgánica que ordenara que las personas tienen que dejar de vivir a partir de los 75 años o que suprime el derecho a la libertad de expresión en beneficio del interés general», sostiene este abogado que recalca que «no todo vale, las leyes tienen sus límites, que son los derechos constitucionales».
Para Mazón, lo más inaudito es que esta ley «viene de una directiva europea; eso significa que el enemigo está dirigiendo la UE». Es más, el Tribunal de Justicia de la UE llegó incluso a sancionar a España con 15 millones de euros por retrasar su tramitación indica el letrado, que abomina sobre todo del artículo «que le da a la Policía y al subdelegado o delegado del Gobierno la potestad de hacer investigaciones que requieren permisos judiciales sin permisos judiciales; eso es crear un estado policial orweliano, así de simple».
Aunque el teniente fiscal del Supremo, Juan Ignacio Campos, haya propuesto la inadmisión de la querella tras invocar la jurisprudencia existente por la cual la leyes gozan de «presunción de legitimidad» en tanto son expresiones de la voluntad popular, José Luis Mazón señala que esa presunción no impide que las leyes puedan cometer delitos contra el derecho penal, y «por tanto sus autores puedan ser perseguidos». En esos casos, es «perfectamente viable» una acción penal contra el legislador.
Preguntado por el recorrido que prevé que tenga esta querella, Mazón explica que es «una patata caliente para el Supremo porque tiene la responsabilidad de proteger los derechos procesales de los españoles». Todo es posible, aunque me planteo un escenario en el que digan que no admiten la querella pero le den un repaso a la ley para decir que ese texto no se puede interpretar como el querellante dice y aseguren que siempre será necesaria para todas esas medidas una autorización judicial, si dicen eso, me doy por contento porque me habré cargado la ley».
