José Luis Díaz Manzanera ha tenido que lidiar con los conflictos políticos y sociales más polémicos que ha vivido la Región, como las vacunación de los altos cargos de Salud. Dirige un equipo de 69 fiscales, seis de ellos de refuerzo, pero cree que serían necesarios al menos 75, además de infraestructuras y medios que no llegan.

¿Le ha tocado actuar de árbitro en las disputas políticas?

Como integrantes del Poder Judicial, nuestra función es promover la acción de la Justicia en la defensa de la ley y de los derechos de los ciudadanos. Tenemos que mojarnos y que interpretar la ley, aunque el 94% de las sentencias dictadas el pasado año son conformes con la petición del fiscal. Es un porcentaje bastante elevado. No sé cuál es la proporción en otras fiscalías superiores, pero en los casos en los que ha habido discrepancias con el juez, como la última resolución que exculpa a Pedro Antonio Sánchez, la Fiscalía del Tribunal Supremo decidió interponer el recurso. Eso significa que había base suficiente. También son elevadísimos los recursos del fiscal ante el Supremo en los que nos dan la razón.

La reforma de Ley de Enjuiciamiento que limitaba la instrucción a seis meses ha sido determinante para el expresidente.

Aún no conozco la sentencia del Supremo (acababa de hacerse pública poco antes de la entrevista), pero la literalidad con la se que plasmaba el texto del artículo 324 dejaba pocas opciones de maniobra. No estoy de acuerdo, aunque el legislador así lo haya establecido, en que se archive una causa porque no se pueda tomar declaración como investigado a la persona porque han pasado dos días del plazo, cuando había base probatoria y era una actuación necesaria para preservar el derecho de defensa y asegurar la celebración de juicio oral. Pero resulta que se han pasado dos días y ya no cabe esa opción, con lo cual se cercena la posibilidad de investigar un delito que no ha prescrito.

Usted ha sido muy crítico con aquella reforma.

He sido muy crítico, no por el hecho de que se establezcan plazos, sino porque esos plazos tienen que ir acompañados de los medios adecuados. Eso requiere de un sistema de control informático que no existía, que establezca un sistema de alertas que permita controlar los 69.609 procedimientos del pasado año. ¿En la Región quién puede controlar esto? La Justicia no puede funcionar con estas tesituras cuando no tenemos los medios adecuados. Esta es una cuestión que debe resolver el legislador y también el Ejecutivo que es el que tiene que dotarnos de los medios adecuados.

En su resolución sobre las vacunas de altos cargos usted planteaba la distinción entre la responsabilidad penal y la política.

Hay que tener claro que son aspectos distintos. Hay muchos ámbitos de responsabilidad. Las responsabilidades penales son las más extremas, las más graves y las que exigen más requisitos en su persecución. Esto es independiente de las responsabilidades políticas, que se han visto reflejadas en dimisiones, no solo de políticos. No hay que olvidar que el fiscal jefe de Castellón dimitió tras vacunarse antes de tiempo. También puede haber responsabilidad de ámbito administrativo, la vía civil. La vía penal siempre es la más grave. En el caso de las vacunas nos encontramos con que hay una normativa que plantea dudas por su eficacia vinculante y que no se ha publicado en ningún boletín oficial, por lo que la posibilidad de contemplar los delitos cometidos flojea. Sí puede haber una posible infracción administrativa.

"Tenemos el mayor tráfico de drogas tras Cádiz y Galicia"

Cómo se explica que sea tan difícil perseguir los abusos a los trabajadores extranjeros?  

Es muy complicado porque las víctimas son extranjeros y a la hora del juicio resulta difícil localizar a los testigos o no aparecen en el juicio. Por eso, en un caso de trata de personas hemos llegado a tener a las víctimas tuteladas e incluso han estado en un piso protegidas hasta la celebración de un juicio oral. Cuando se consigue, al llegar a juicio el tribunal se sensibiliza con su declaración, porque se ve que están diciendo la verdad, lo asume y dicta la sentencia de condena pertinente. Hace poco ha habido una condena por explotación sexual, porque habíamos tenido protegidas a las víctimas clave, a las que traían engañadas de su país y luego las sometían a explotación sexual con amenazas. Eso sí que realmente es un submundo. No nos enteramos, pero está ahí. Y eso es lo que hay que evitar.

¿Es un avispero esta Región con tantos casos de explotación y de corrupción? 

Es una región peculiar, que tiene un millón y medio de habitantes, más los que no están censados, que pueden ser 100.000 más. Además, tenemos la peculiaridad de tener costa fronteriza con otras regiones y de estar muy cerca de África, por lo que tenemos también tráfico de personas y tráfico de drogas. Quitando la provincia de Cádiz y Galicia, somos la región en la que hay más trasiego relacionado con el tráfico de estupefacientes.

Esta semana ha habido una protesta por las muertes en las residencias de mayores.

Es un tema especialmente sensible. Una de las muchas misiones que tiene la Fiscalía es proteger a las personas más vulnerables, entre las cuales están las personas mayores y los menores. Se llegaron a incoar seis diligencias de investigación penal, en las que se han practicado todas las actuaciones posibles. De lo que se trataba era de dilucidar si había habido un abandono intencionado de cierta duración que pudiera generar algún problema para la salud y la integridad física. Pero después se descartaron las responsabilidades penales, porque se consideró que había sido algo meramente coyuntural, provocado por los rebrotes y la dificultad en la gestión. Una de las dificultades ha sido la falta de personal derivada de las continuas bajas, que se tuvieron que cubrir con personal del SMS. Pero la Fiscalía no ha visto que se pueda derivar un delito, no solo en Murcia, porque prácticamente ninguna fiscalía de España lo ha visto.

¿Su experiencia como fiscal de Siniestralidad Laboral le ha llevado a buscar la coordinación de la patronal y los sindicatos para perseguir los abusos?

Hace varias semanas me reuní con los representantes de la patronal, los sindicatos, la Inspección de Trabajo, el Instituto de Seguridad y Salud Laboral y la Dirección General de Trabajo para coordinar la actuación de todas las instituciones relacionadas con la prevención. A esta coordinación se suman las reuniones con la Junta Directiva de la Croem dentro de la campaña de apertura a la sociedad murciana. Con el fiscal de Siniestralidad Laboral fui a UGT y en el encuentro se plantearon muchas cuestiones relativas a la siniestralidad laboral y a la persecución de los delitos de explotación de trabajadores extranjeros. También voy a ir a CC OO.

¿Qué espera conseguir?

Les he explicado que los sindicatos tienen mucha información que pueden facilitar a la Fiscalía, para que nosotros pongamos en marcha el aparato para coordinar todo esto y dar directrices a la Policía Judicial y a la Inspección de Trabajo, cuya función es crucial, porque a los inspectores los llevamos como peritos al juicio oral. Sus informes son determinantes para que se dicten sentencias de condena en casos de siniestalidad laboral y de explotación de los trabajadores extranjeros, sobre todo en el sector agrario.

Parece que en la Región hay un mundo desconocido, que se nos está escapando.

Yo no diría un mundo, diría un submundo. Parece que se nos está escapando porque no llega la información. No hay capacidad operativa para que la Inspección pueda llegar a estos sitios. Por eso es tan importante el contacto con los sindicatos, que tienen representantes desplazados en los centros de trabajo, para que la pongan en conocimiento de la Fiscalía y la Guardia Civil. Eso es lo que podría hacer que se eleve el porcentaje de casos a perseguir, porque parece que se nos están escapando y eso no es admisible. La Fiscalía lo que puede hacer es coordinar y siempre son un éxito los llamamientos que hace, porque tanto la Policía como la Autoridad Laboral se toman mucho interés. Quiero que también los sindicatos se impliquen porque son una base fundamental de conocimiento de los hechos .

Los abusos sexuales a las mujeres extranjeras han necesitado muchos años para salir a la luz.

Estamos trabajando para que las víctimas de estos delitos se vean amparadas. Como en muchos casos, estas trabajadoras se vuelven a su país, estamos recurriendo a la vía procesal de la prueba anticipada, que permite tomar la declaración y grabarla con los abogados, el fiscal y el juez, con el fin de que se lleve a juicio oral para que el tribunal lo tenga en cuenta como si se hubiese practicado en ese momento.