Regreso de nuevo a la casilla de salida. La Consejería de Política Social hará un ‘borrón y cuenta nueva’ para lograr, de una vez por todas, conseguir la gratuidad, universalidad y calidad del servicio de Atención Temprana en los menores de 3 a 6 años buscando el «consenso» con las organizaciones y familias y elaborar un texto nuevo que sí permita su puesta en marcha.
La Consejería anunció ayer la retirada del decreto que pretendía dar cobertura de forma gratuita a los niños de esta edad que presentan trastornos en su desarrollo o que tienen riesgo de padecerlo, así como a sus familias y a su entorno, y que tenía como finalidad dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades transitorias o permanentes que tuviesen los menores.
La decisión se toma después de que haya resultado «imposible tramitar las necesarias enmiendas a los presupuestos» y los diferentes «obstáculos» que el departamento que dirige la vicepresidenta del Gobierno regional, Isabel Franco, se ha ido encontrando para tratar de sacar adelante el proyecto: desde el rechazo de la Plataforma ‘Por una Atención Temprana, universal, gratuita y de calidad’ -al considerar que la «ralentización» de la burocracia para acceder al servicio provocaría listas de espera «interminables»- hasta las distintas negativas de los servicios jurídicos de la Administración regional y de la Asamblea Regional.
Ante esta situación, «es mejor que volvamos al punto de partida, reunir de nuevo a todos los agentes implicados y buscar el mayor de los consensos posibles», afirmó ayer a LA OPINIÓN la propia Franco, quien recordó que la iniciativa lleva seis años ‘estancada’ tras más de una quincena de borradores presentados que no han salido adelante. Hay que recordar que actualmente en la Región el servicio de 3 a 6 años se realiza a través del copago, aunque depende de cada municipio; mientras que el servicio de 0 a 3 años es gratuito.
Las idas y venidas para sacar adelante el decreto de Atención Temprana han sido constantes en los últimos meses. En un primer momento, se pretendió que la gratuidad del servicio estuviese contemplada dentro del articulado de la ley de presupuestos, aunque la Consejería de Hacienda se opuso; más tarde, tras plantearse como decreto-ley con la participación también de las consejerías de Educación y Salud, hubo «reparos» por parte de los servicios jurídicos de Salud.
Después, trató de salir adelante como enmienda con el apoyo del PP y de los expulsados de Vox en la Asamblea para que no tuviesen lugar estos reparos, pero el decreto se topó esta vez con los servicios jurídicos de la propia Asamblea al entender que el articulado de los presupuestos debía recoger ese apartado. Una vez sufridos todos estos escollos, finalmente el próximo lunes Franco se reunirá con los representantes del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad y sus Familias de la Región (Cermi) así como con la Plataforma. Se les propondrá «la elaboración de un nuevo texto en el plazo máximo de seis meses, fruto del consenso, y que se enmarque dentro de una fórmula que permita tramitar este decreto con mayor agilidad y menos obstáculos».
