La Fiscalía Superior de la Región ha pedido a la Comunidad Autónoma que le haga llegar un informe sobre las condiciones en las que interrumpen su embarazo las mujeres derivadas a la clínica Ginemur, en el punto de mira desde que un matrón destapase las malas prácticas que, presuntamente, se estarían llevando a cabo en este centro.

El fiscal superior, José Luis Díaz Manzanera, solicita al Gobierno regional esta documentación tras recibir una denuncia presentada por dos mujeres afectadas. Cuando la Comunidad responda al Ministerio Público, éste tomará la decisión de abrir una investigación o no, según detallan fuentes de este organismo.

Esta misma semana, el Defensor del Paciente ya instaba a a la Fiscalía Superior de la Región a investigar si las autoridades regionales murcianas envían a mujeres embarazadas que desean abortar a otras comunidades autónomas.

Mientras, el Colegio de Médicos de Murcia no investigará a la clínica Ginemur, en el punto de mira tras saltar la polémica de los abortos en Murcia, confirmó ayer esta institución a LA OPINIÓN.

El organismo colegial se ha limitado a hacer llegar a la Consejería de Salud la denuncia recibida por parte de una doctora que pide que se investigue si el médico que se encarga de practicar las interrupciones del embarazo es o no ginecólogo. Desde el departamento de Juan José Pedreño, por otro lado, confirmaron que se ha recibido el escrito y que, lo que aclaren al respecto, tras comprobar los datos, volverán a decírselo al organismo colegial, pero tampoco se confirma una investigación como tal.

La Ley del Aborto de 2010, que es la que está vigente en estos momentos en España, detalla que «es requisito necesario de la interrupción voluntaria del embarazo que se practique por un médico especialista o bajo su dirección».

De confirmarse que en Ginemur presuntamente no se están haciendo bien las cosas, como aseguran de primera mano mujeres que han sido pacientes de esta clínica, el Ministerio Público podría decidir abrir una investigación que no se limitaría al centro de Juan de Borbón (que también tiene sede en Cartagena), sino que salpicaría al departamento de Pedreño. Si la Fiscalía corrobora que las condiciones en las que se hacen los abortos son adecuadas, no se abrirá investigación alguna.

La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Lara Hernández, que desde el principio ha sido la cara visible del PSOE en esta polémica, reiteró ayer que en la comunidad murciana existe una «necesidad urgente de establecer protocolo de interrupción voluntaria del embarazo que garantice un trato y una atención adecuada a las mujeres que decidan hacerlo».

En opinión de la diputada, «hasta el momento, solo hemos escuchado excusas, todo tipo de vergonzosas excusas».

Concentración: "Violencia de un sistema patriarcal y capitalista"

La Asociación Feminista Obrera convocaba ayer una concentración en la puerta de la Consejería porque tienen claro que «el derecho a un aborto seguro, libre y gratuito es una reivindicación histórica del movimiento feminista en su conjunto, pero sobre todo de las mujeres de clase trabajadora porque son las que más sufren la violencia de un sistema patriarcal y capitalista que, ante la falta de recursos, no les deja otra alternativa».

"No hay que ser ginecólogo para interrumpir un embarazo, la ley no lo exige", dice Ginemur

El abogado de Ginemur, José Antonio Bosch, indicó ayer a este diario que «no hay que ser ginecólogo para interrumpir embarazos, la ley no lo exige». Añadió que en Ginemur hay ginecólogos y otros especialistas. 

José Antonio Bosch hizo estas declaraciones tras ser preguntado por el escrito en el que una doctora denuncia que el doctor que se encarga de este cometido es médico especialista en Medicina General y no especialista en Ginecología y Obstetricia.

En la página web de la citada clínica se puede leer: «Contamos con ginecólogos expertos en aborto, quienes, tras realizar las pertinentes pruebas y análisis a la paciente, que ha reflexionado durante un periodo de tres días esta decisión, lleva a cabo esta intervención para interrumpir el embarazo, siempre que además se cumplan menos de 14 semanas de gestación, a través de diversas metodologías».

A la pregunta de si la persona que practica las interrupciones en esta clínica es o no ginecólogo, desde el Colegio de Médicos se remitieron a lo que dice el artículo 24 del Código Deontológico: «Los actos médicos especializados deben quedar reservados a los facultativos que posean el título correspondiente, sin perjuicio de que cualquier titulado en medicina pueda, ocasionalmente, realizarlos. A ningún médico, si posee la destreza y los conocimientos necesarios adecuados al nivel de uso que precise, se le puede impedir que los aplique en beneficio de sus pacientes. En ningún caso se podrá atribuir la condición de médico especialista en esa técnica o materia». A la pregunta de cómo queda acreditado que un facultativo posee esos conocimientos, sin contar con la especialidad de Ginecología, declinaron responder.

Este diario se puso en contacto con el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, que remitió a la Sociedad Española de Ginecología, organismo con el que esta redacción intentó también comunicarse, sin éxito.

Una inspección sanitaria cada cinco años porque no hay conciertos 

No existe ningún tipo de concierto entre la Consejería de Salud y las clínicas abortivas que operan en la Región. Sólo existe la derivación desde los hospitales a las clínicas y la facturación de las intervenciones a la sanidad pública regional. Según ha podido saber esta Redacción, Ginemur lleva muchos años solicitando que exista algún tipo de concierto, «no sólo para no levantar suspicacias sino porque la seguridad jurídica es mucho mejor cuando se tienen claras las reglas de juego», indican fuentes de la clínica. 

La ausencia de un concierto impide las inspecciones sanitarias anuales, tal y como se hace en el resto de comunidades. Todo se reduce a una sola inspección cada cinco años con motivo de la renovación de la acreditación. 

Por su parte, el abogado de Ginemur, Juan José Bosch, explica que «no hay ningún gran impedimento para sacar adelante un acuerdo de este tipo en la Región; los conciertos con las clínicas abortivas se hacen en España hace más de una década; lo que falta es voluntad política». Bosch cree la Consejería se resiste a hacerlo porque no quiere proyectar la imagen de que la Comunidad está apoyando explícitamente el aborto.