La posible vuelta a la presencialidad para los alumnos de Educación Infantil y Primaria antes de que acabe el curso ha provocado un nuevo enfrentamiento entre la oposición y el Gobierno del PP con los expulsados de Vox y de Ciudadanos. El diputado socialista Antonio Espín critica la «improvisación» y las contradicciones de la consejera Mabel Campuzano por anunciar la vuelta a las aulas explicar qué medidas extraordinarias se van a aplicar para garantizar la seguridad de alumnos y profesores contra el coronavirus, sin reducir ratios y sin habilitar nuevos espacios para cumplir con ls protocolos sanitarios. «Campuzano demuestra un desconocimiento supino sobre el área que debe gestionar», dice Espín, que apunta directamente a López Miras por dejar el área de Educación en manos de Campuzano, a la que tacha de «persona temeraria y sin más proyecto que instalar sus postulados ultras en nuestras aulas”, denunció.

Tras la vuelta de los alumnos de Bachillerato a la presencialidad total este mismo mes, el Gobierno regional planea que esta medida se extienda para los cursos de Infantil y Primaria, pero no para los alumnos de Secundaria que, según Espín, «al parecer seguirá asumiendo la semipresencialidad sin más explicaciones que justifiquen una u otra decisión».

Desde el Partido Popular, salió al paso el diputado Víctor Martínez Carrasco para defender que «la vuelta a la presencialidad en las aulas siempre fue el objetivo a cumplir en el momento en el que la situación sanitaria lo permitiese» y asegura que «no se trata de una decisión política, sino de una decisión técnica basada en criterios sanitarios y epidemiológicos». Se basan los populares en los buenos datos de incidencia de la covid-19 en la Región de Murcia tras el fin de la tercera ola, y, sobre todo, en la escasa incidencia de contagios en las aulas, cifras que, a juicio del PP, «avalan las decisiones aconsejadas por la Comisión Mixta de Salud-Educación que han logrado mitigar el impacto de la pandemia en las aulas durante todo el curso».

El PSOE también dfiende la vuelta a la presencialidad, pero acompañada de las medidas pertinentes utilizando los fondos que envió el Gobierno de España a las comunidades autónomas. « Este anuncio deslavazado está generando una tremenda preocupación entre la comunidad educativa», sostiene Espín.