Los funcionarios de la Comunidad Autónoma empiezan a perder la paciencia, porque ya han transcurrido casi los tres primeros meses del año y todavía no han empezado a cobrar las subidas salariales que les corresponden desde el 1 de enero. La Federación de Empleados de Servicios Públicos de UGT (FeSP-UGT) ha hecho público un comunicado en el que reclama al Gobierno regional que aplique el incremento del 0,9% establecido en los Presupuestos Generales del Estado para todos los funcionarios y el tramo de la carrera profesional pactada por la Comunidad en la Mesa General de la Función Pública.
El retraso en la aprobación de los Presupuestos de la Comunidad para 2021 impide a la Administración regional empezar a pagar los incrementos salariales previstos para los 54.000 empleados públicos, que tendrán que cobrar después con efecto retroactivo desde el 1 de enero.
La Consejería de Presidencia y Hacienda anunció hace un par de meses que llevaría al Consejo de Gobierno una resolución que permita actualizar los sueldos de los funcionarios aunque la Administración regional siga funcionando con las cuentas de 2020 prorrogadas, pero aún no se ha aprobado.
FeSP-UGT recuerda en un comunicado que «está a punto de acabar marzo, pero los empleados públicos de la Región siguen esperando la actualización de sus nóminas» y destaca «lo inmoral que resulta que sigan soportando los recortes de 2012, ya que el personal de la Administración regional sigue sin recuperar la paga adicional de la extra de diciembre 2014», entre otros recortes.
La organización también advierte de que «no puede haber más retrasos por la funesta gestión del Gobierno regional» y propone que mientras no se aprueben las cuentas de 2021 «se permita a los empleados públicos cobrar lo que debería ser suyo desde el 1 de enero mediante un decreto», con el fin de se puedan actualizar las nóminas y pagar los atrasos acumulados con efecto retroactivo.
El sindicato critica que la demora en la aplicación de la subida salarial se produzca en un año en el que se ha exigido un esfuerzo especial «al personal sanitario y a los trabajadores dedicados a la gestión de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) o a la fumigación», entre otros.
