La Fiscalía investiga también la vacunación del obispo de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, y del resto de la cúpula de la Diócesis a la que se incluyó en los listados de beneficiarios de la primera dosis como capellanes de la residencia Hogar de Betania, tal y como adelantó La Opinión. El fiscal jefe, José Luis Díaz Manzanera, ve difícil que puedan atribuirse responsabilidades penales a los vacunados que se han saltado la cola, pero no descarta que haya existido un comportamiento «ilícito» si se ha producido «una manipulación de documentos» para que ciertas personas pudieran saltarse la cola de la vacunación.

Junto a Lorca Planes se vacunaron en esta residencia de mayores su secretario personal, Maximiliano Caballero; el que fuera arzobispo de Burgos, Francisco Gil Hellín, y el canónigo de la Catedral Tomás Cascales, además de una veintena de miembros del patronato que está al frente del centro y familiares.

Díaz Manzanera ha añadido la carta anónima escrita por una persona que se identificó como trabajadora del Hogar de Betania (y que dice haber presentado la vacunación del equipo de Lorca Planes) a las diligencias abiertas a raíz de las denuncias del PSOE y Podemos por el suministro de la vacuna a altos cargos de la Consejería de Salud y del SMS que se saltaron el turno.

El PSOE, que había recibido el anónimo, hizo entrega de este escrito a la Fiscalía el martes. La carta fue incorporada ayer a la investigación en curso desde hace semanas, que ha llevado al Ministerio Público a recabar los listados de los beneficiarios de las vacunas administradas a los altos cargos de Salud y al personal administrativo del SMS. Entre ellos se encuentra el exconsejero Manuel Villegas, que tuvo que dimitir al saberse que se había saltado la cola.

El Fiscal reiteró ayer que el primer paso en las diligencias en curso es dilucidar el valor jurídico del protocolo pactado por las comunidades y el Ministerio de Sanidad, en el que se establece el orden de vacunación de los distintos colectivos con el objetivo de determinar si las personas que se vacunaron antes de tiempo han incurrido en «un ilícito penal». Espera además que la Fiscalía General del Estado dicte una instrucción para todas las comunidades en las que hay vacunaciones irregulares.