Explica el abogado murciano José Manuel Hernández Benavente que tanto el responsable de la residencia como el obispo podrían haber incurrido en un delito de falsedad documental.

En este sentido, el letrado apunta que «tanto como el que lo realiza como el que lo sabe y firma y colabora en la realización del mismo pueden ser autores de falsedad documental».

El delito de falsedad documental es aquel que se comete alterando o falsificando los elementos esenciales de un documento verdadero para convertirlo en falso, o bien creando un documento nuevo y verdadero a partir de un hecho falso

El consentimiento para ponerse la vacuna que rubricó el obispo el 2 de enero y se mandó a Salud «es un documento público, lleva el membrete de la Administración», indica el abogado.