Las inspecciones de la Dirección General de Energía y Actividad Industrial han permitido detectar 50 empresas que se encuentran en una previsible situación de clandestinidad, a las que se les ha abierto expedientes sancionadores, dentro de la campaña contra la competencia desleal. Los inspectores tratan de localizar a las empresas que trabajan en la economía sumergida cruzando los datos del Registro Mercantil con los de la Dirección General.

La Consejería de Empresa, Industria y Portavocía ha identificado 2.000 empresas de la Región de Murcia que presentan posibles irregularidades. De momento está inspeccionando a 200 de ellas.

En diciembre se realizó una comprobación de su registro, puesta a disposición de inspecciones y revisiones periódicas obligatorias a estas 50 empresas y se comprobó que 38 no se encontraban al corriente con sus obligaciones legales.

La tarea de detección de posibles industrias clandestinas en el sector industrial y minero ha sido posible gracias al cruce de datos, por primera vez, entre el Registro Mercantil y los registros de la Dirección General. De esta forma, se ha identificado a empresas que tienen registrada una actividad industrial o minera, pero cuya inscripción no consta en los registros de seguridad industrial y minera de la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía.

Esta actuación forma parte del Plan de Inspección de Industria del pasado ejercicio, que incluyó 1.041 de acciones de control, centradas especialmente en garantizar la seguridad de las instalaciones industriales y en corregir los incumplimientos de los requisitos legales exigibles para el desarrollo de su actividad.

El director general de Energía y Actividad Industrial y Minera, Eduardo Piné, resaltó que el plan anual de inspecciones de 2021 completará el examen inicial de las 2.000 empresas sospechosas, «centrando los esfuerzos en la detección y regularización de las empresas clandestinas, lo que supone defender frente a la competencia desleal a la mayoría de empresas que sí cumplen con sus obligaciones». Los objetivos son garantizar la seguridad industrial y minera, para reducir el riesgo de los trabajadores y usuarios de las instalaciones, y corregir los problemas de incumplimiento de requisitos normativos, para luchar contra la competencia desleal».