UGT Región de Murcia se ha marcado muchos objetivos para el año 2021, entre los que destaca, el desarrollo de una nueva estrategia regional de empleo, «para atender a los 26.500 parados que ha dejado esta pandemia», sostuvo su secretario general, Antonio Jiménez. Además, en términos de protección social, el sindicato cree necesario impulsar una nueva Ley de Servicios Sociales.
La actualización de las condiciones de trabajo de los 200.000 trabajadores cuyos convenios han expirado o luchar contra la «vieja y nueva precariedad laboral», son otras de las metas que se marcan para el año que viene.
El acceso a las prestaciones por desempleo, jubilación, o incapacidad temporal entre los trabajadores fijos discontinuos, a tiempo parcial, o del sector hogar es otra de las prioridades que se ha marcado esta fuerza sindical para 2020.
Por otra parte, UGT promete pelear por el desarrollo de un plan de recuperación de ecosistemas degradados, la «renaturalización de espacios urbanos», y afrontar la reconversión productiva de esos territorios. Por último, el sindicato se ha comprometido a impulsar una profunda transformación social que «asegure que todos los trabajadores tienen los mismos derechos, además de la igualdad de oportunidades».
Hasta octubre de 2020 se han producido 30.981 accidentes de trabajo; en 18 casos supuso la muerte del trabajador.
La pandemia no ha hecho más que «visibilizar toda la ineficacia que tienen los sistemas preventivos en las empresas; ha fallado la dotación de EPI, la evaluación de los puestos de trabajo, la formación, e incluso la gestión de las discapacidades temporales por contagio de covid», lamentó Antonio Jiménez que aseguró que no han tenido consideración de «contingencia profesional» algunos colectivos, como el personal de limpieza de los centros sanitarios. Para el año 2021, esta fuerza sindical intensificará sus esfuerzos para cambiar esta inercia negativa del mercado de trabajo regional ya que «trabajar seguro es un derecho irrenunciable», sentenció el secretario general.
Por ello, UGT demanda medidas de prevención reales y más inversión a las administraciones públicas y al entramado empresarial privado.
