La Fiscalía Superior de la Región de Murcia mantiene abierta una investigación para tratar de esclarecer si en residencias de ancianos de la comunidad murciana se han dado casos de abandono o malos tratos, en especial durante la pandemia de covid. El fiscal superior, José Luis Díaz Manzanera, explicó ayer que se ha tomado declaración a varios trabajadores de estos centros y se seguirá citando a más.
Estima el fiscal que la clave pueden tener precisamente empleados que ya no se encuentran en activo. En este sentido, «he pedido a la Consejería de Salud el listado de los trabajadores técnicos en auxilio de Enfermería que estuvieron reforzando temporalmente esos centros», dijo en una comparecencia ante los medios de comunicación. Esos testimonios «pueden ser mejores que los de los propios trabajadores» fijos, ya que su sueldo depende de esto, apuntó. De momento, ha recabado «cinco declaraciones interesantes», destacó.
«Muchas de esas denuncias están relacionadas con el problema de que no hay personal suficiente o que hay personal que se niega a ir a trabajar o se piden la baja» en estos tiempos de pandemia, con lo cual «hay ancianos que están descuidados, las uñas largas, heridas fruto de que no los mueven, etcétera. Ahí sí que podrían plantearse unas posibles responsabilidades penales».
Sin embargo, varias de las investigaciones abiertas en su momento por posibles negligencias a la hora de tratar a los mayores ya se han archivado. Es el caso de la del centro de discapacitados de Churra: las diligencias se remitieron al juzgado, al encontrarse judicializadas, y se archivaron con el informe favorable del Ministerio Público por no constar delito.
Lo mismo ocurrió en la residencia Obispo Azagra de El Palmar. Tres personas que tenían a familiares allí internados denunciaron que no estaban bien atendidos («maltrataban a mi madre, le metían el miedo en el cuerpo», contaba en marzo a este diario la hija de una anciana) y la investigación dio lugar a que al centro se desplazase una profesional del Instituto de Medicina Legal, que se encargó de examinar y hablar con los mayores que ahí residían. Las diligencias, al igual que con el centro de Churra, se remitieron al juzgado al estar judicializadas y se acordó el sobreseimiento de la causa con el informe favorable del fiscal por no constar delito.
En el caso de la residencia Caser, en Santo Ángel (Murcia), se archivó una primera investigación, aunque de esta se derivó otro procedimiento por supuesta prevaricación de funcionarios.
La denuncia del Defensor del Paciente, en la que se instaba a investigar una supuesta falta de atención a mayores en centros, también está archivada, reveló ayer el Ministerio Público.
En trámite continúa la investigación que se puso en marcha a raíz de declaraciones de trabajadores en residencias de personas mayores, que hablaron públicamente posibles irregularidades detectadas en los estos lugares. El PSOE de la Región de Murcia se sumó a esta denuncia.
Investigan el caso del interno que se tiró por la ventana
Reveló ayer Díaz Manzanera que el viernes le llegó una denuncia sobre el interno que se tiró por la ventana en la residencia Montepintar: un familiar del anciano se puso en contacto con el fiscal. El asunto, al ser tan reciente, está en trámite. El hombre, un nonagenario, está hospitalizado todavía y sus parientes creen que hubo irregularidades en el centro. «Parece que es el único familiar que tiene contacto con esta persona y existía una sensación de desinformación y por tanto de impotencia. No se le daba, según dice él, información. Habrá que tomarle declaración a personas encargadas del centro. Sé que hay un atestado policial. El hombre sigue ingresado y con lesiones serias», detalló sobre el caso el fiscal superior.
