El Partido Socialista de Murcia ofreció ayer a la Comunidad un «plan de rescate sociosanitario» por más de 120 millones de euros de inversión en 2021 procedentes del Estado, para hacer frente al agravamiento del déficit del sistema sanitario y socioasistencial que, según su secretario general, Diego Conesa, ha causado la crisis de la covid-19.

En rueda de prensa junto a los diputados socialistas en la Asamblea José Antonio Peñalver y Toñi Abenza, el líder de los socialistas murcianos tendió la mano al gobierno de coalición de PP y Cs a incorporar su propuesta a los presupuestos de la Comunidad para 2021 ante la «urgencia» de inversiones que requieren la sanidad y los servicios sociales de Murcia, una de las 20 regiones más pobres de Europa, según Conesa, donde un tercio de la población está en riesgo de pobreza y vulnerabilidad.

Entre otras medidas incluidas en ese plan de actuación, el diputado José Antonio Peñalver habló de la necesidad de reforzar los centros de Atención Primaria, que se han visto «desbordados en la segunda oleada de la pandemia», aumentar la oferta de plazas para dar estabilidad al sistema una vez que el Estado permite reponer hasta el 110 por ciento de las jubilaciones -hasta ahora limitado al 80 por ciento-, y promover la fidelización de los nuevos profesionales para evitar su fuga a otras regiones o países una vez terminada la especialidad. Según dijo, en mayo terminarán la especialización 300 nuevos médicos y «no podemos permitir que se vayan a otras ciudades o incluso a Francia o Alemania, donde les pagan el doble, por no hablar ya del triple de sueldo que recibirían en Estados Unidos».

El PSRM-PSOE propone también una oferta pública de empleo cada dos años, reponer las 2.500 plazas que quedarán vacantes en diez años con la jubilación de otros tantos profesionales, aumentar las plazas de formación y construir centros de alta resolución en Cartagena, Águilas, Jumilla o Mazarrón, entre otros municipios, entre otras mejoras valoradas en 100,8 millones de euros.

En materia de asuntos sociales, su compañera de grupo subrayó que la pandemia del coronavirus ha demostrado que el modelo asistencial regional es «pasado y obsoleto» como consecuencia de una gestión pública que «considera como gasto, no como inversión» la política social.