La Comunidad no solo ha abandonado la construcción de viviendas de protección oficial (VPO), sino que también se ha desentendido de la rehabilitación de este tipo de casas promovidas con financiación pública, según los cifras recogidas por el Consejo Económico y Social (CES). En su dictamen sobre el Proyecto de decreto por el que se regula el régimen jurídico de la vivienda protegida de promoción privada en la Región de Murcia, el CES da por desaparecida la VPO en la Región. Recuerda que durante el año 2019 no ha llegado a producirse ni una sola calificación provisional para nuevas construcciones, mientras que en los últimos cinco años han sido rehabilitadas apenas 79 viviendas protegidas.
El órgano consultivo del Ejecutivo regional recuerda en su dictamen que en los años 90 «el promedio anual de calificaciones definitivas de viviendas protegidas se acercaba a las 3.200 unidades», que representaba el 5,2% del total nacional, a pesar de que la población regional ronda el 3% del censo nacional. En aquellos años la promoción oficial «aportaba más del 4o%» del volumen total de la nueva construcción.
Sin embargo, desde principios de siglo se ha venido produciendo un declive en la Región y en toda España, que en Murcia ha hecho caer la VPO hasta proporciones insignificantes, a pesar de que en las décadas anteriores esta fórmula había permitido el acceso a la vivienda a decenas de miles de familias murcianas, que podían beneficiarse de unos intereses reducidos, además de la ayuda para la entrada.
El CES?explica que este declive se debió en parte al cambio que se produjo en el mercado inmobiliario con «el crecimiento colosal» de la vivienda desde principios de siglo, que llevó a «un boom inusitado», con las 41.200 viviendas libres terminadas en 2006. Tras el hundimiento del mercado, «se terminaron unas 3.000 en 2011 y 2012 y unas 800 de media entre 2015 y 2019».
La construcción de vivienda libre apenas ha remontado en la Región después de la crisis, debido en parte al elevado stock de casas en venta que dejó la burbuja inmobiliaria, pero las calificaciones provisionales de la VPO solo «suman 335 entre 2013 y 2019», mientras que las terminadas se reducen a 214. De ellas, solo siete se ha destinado al alquiler.
El CES no olvida que el retroceso se ha producido en todas las comunidades, aunque resalta que Madrid, País Vasco, Cataluña y Andalucía siguen concentrando la mayor parte de las promociones. La Región se sitúa en el último puesto hasta 2019 teniendo en cuenta el número de viviendas por cada millón de habitantes, que encabeza el País Vasco, con 4.823. «Tras Galicia, la Región de Murcia es la que menos calificaciones provisionales de vivienda protegida ha aprobado en el periodo 2013-2019».
Aunque los planes de vivienda estatales se orientaron después de la crisis hacia la rehabilitación, tras el «ímpetu de los primeros años de esa etapa, se extingue también en el último quinquenio». Así, después de rehabilitarse entre 2011 y 2014 cerca de 15.400 viviendas, «el 7,1% respecto a las más de 217.000 rehabilitadas en España», en los últimos cinco años estas actuaciones se han reducido a 79, «cuando se sobrepasan las 270.000 en el conjunto nacional».
Por otra parte, aunque el plan estatal 2013-2016 desvió la promoción de VPO hacia el alquiler y la rehabilitación frente a la construcción de nuevas viviendas protegidas y la ayuda a la compra, estas iniciativas tampoco llegaron a despegar. Respecto al último (2018-2021), el CES recrimina a la Comunidad que ni siquiera llegara a elaborar su propio plan de vivienda y se limitara a plasmar las ayudas establecidas por el Ministerio para toda España.
Reprocha a la Consejería que se olvide de la promoción pública
El Consejo Económico y Social ve incompleto el decreto sobre la vivienda de protección oficial elaborado por el Gobierno regional porque se olvida de regular las viviendas de promoción pública, que son las que construyen los ayuntamientos y la propia Comunidad, tal y como se recoge en el decreto de 2015 que quedará derogado ahora. «La Consejería debe determinar y ponderar los efectos que implicaría tal derogación en lo relativo al régimen jurídico de promoción pública de viviendas protegidas, incluyendo lo relativo a la promoción municipal, para adoptar las oportunas previsiones», se indica en el dictamen, en el que se propone la revisión del decreto del Departamento de Fomento.
Por otra parte, el CES ve excesivos los ingresos máximos de los beneficiarios de la VPO, dado que podrán ascender hasta los 81.461 euros de base imponible en el caso de personas con determinado grado de discapacidad. El CES apunta que este «generoso criterio de determinación de las rentas máximas que permite el acceso a una vivienda protegida a casi todos los hogares no ha sido suficiente para estimular la oferta. Ha sido irrelevante, de hecho, teniendo en cuenta que únicamente ha habido 115 calificaciones provisionales desde 2015 a 2019».
También el PSOE critica que la Consejería de Fomento se olvide de regular la VPO de promoción pública y dice que «el tirón de orejas del CES evidencia de forma clara y contundente que la Región carece de política propia de vivienda».
La fuerte subida de la vivienda libre alejó a las empresas
Las fuertes subidas de los precios de la vivienda libre «pudo ser la causa de la desmotivación de la iniciativa privada hacia la promoción de viviendas», según ser recoge en el dictamen del CES sobre el decreto que regula la VPO. Sin embargo, este órgano apunta que dada la escasa diferencia de precios existente ahora entre ambas, pudiera ser un incentivo para la promoción de vivienda protegida.
