El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó ayer, con 269 votos a favor, ninguno en contra y 73 abstenciones, el dictamen de la Comisión Constitucional sobre la propuesta de reforma de la Ley Orgánica del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, que no modifica el informe de la Ponencia. Tras la votación del dictamen, impulsado por el partido Ciudadanos en la Región, y dado el carácter orgánico de la propuesta, el Pleno realizó una votación de conjunto del texto, que ha obtenido la mayoría absoluta, con 269 votos a favor, ninguno en contra y 73 abstenciones.

La iniciativa continúa su tramitación en el Senado, que puede, mediante mensaje motivado, oponer su veto o introducir enmiendas. En ambos casos deberá volver al Pleno del Congreso, que podrá levantar el veto o decidir si mantiene o revoca los cambios incorporados por la Cámara Alta.

Esta proposición de ley orgánica presentada por la Asamblea Regional de Murcia, cuya toma en consideración fue aprobada el 11 de febrero por el Pleno del Congreso, tiene como objeto reformar su Estatuto autonómico para suprimir el aforamiento especial para sus diputados y para los miembros del Consejo de Gobierno.

Por ello, se modifican los artículos 25 y 33 del Estatuto de Autonomía, de tal manera que los diputados regionales y el Consejo de Gobierno seguirán protegidos en el ámbito de su libertad de expresión parlamentaria y política, pero no estarán excluidos de la jurisdicción ordinaria por aquellos asuntos que, ajenos a su normal desempeño parlamentario, les impliquen de forma directa en procedimientos judiciales de cualquier ámbito jurisdiccional.

El único grupo que enmendó la reforma murciana fue Ciudadanos. Lo hizo para corregirla con el objetivo de garantizar que, una vez desposeídos del fuero, los miembros del gobierno y de la Asamblea Regional no puedan ser detenidos como consecuencia de cualquier denuncia.

El texto que envió la Asamblea de Murcia, de un único artículo, suprime las referencias al aforamiento de los miembros del Gobierno regional y de los parlamentarios autonómicos, equiparándoles al común de los murcianos. Ciudadanos, que comparte Gobierno con el PP en esta comunidad, planteaba modular esa pérdida del fuero y asegurar que los consejeros y los parlamentarios regionales no queden completamente desprotegidos de un día para otro. En concreto, proponía introducir dos párrafos para dejar claro que tanto los diputados autonómicos, como el presidente y los consejeros regionales, «no podrán ser detenidos ni retenidos por los presuntos actos delictivos cometidos sino en caso de flagrante delito, en tanto decide el juzgado o tribunal ordinario, competente y predeterminado por la ley, sobre su inculpación, prisión, procesamiento o juicio».