El Consejo de la Transparencia y el Servicio Murciano de Salud (SMS) tienen otra causa pendiente en los tribunales, además de la investigación abierta por la Fiscalía ante la negativa de este organismo de la Consejería de Sanidad a informar sobre la gestión de las listas de espera. Otra solicitud de información presentada por la organización Murcia Transparencia Independiente llevó en 2019 al órgano de la Comunidad encargado de gestionar la sanidad pública a presentar un recurso contencioso contra el Consejo de la Trasparencia.

Murcia Transparencia había preguntado al SMS cuánto pagó a sus empleados y a los hospitales concertados y el tiempo de espera en las especialidades en las que practicaron intervenciones a los pacientes de la sanidad pública derivados. Igualmente, solicitaba datos sobre el coste de las pruebas diagnósticas realizadas en centros concertados en 2015 y 2016. El SMS respondió que no podía facilitar estos datos porque no estaban informatizados y tendría que procesarlos expresamente. Este órgano se acogió a un precepto legal que permite «inadmitir» una solicitud de información si hace necesaria «una acción previa de reelaboración». El Consejo de la Transparencia, que ha estado presidido por José Molina hasta principios de este mes, le exigió entonces que precisara cuánto tiempo necesitaría para facilitar la información, pero el SMS optó por presentar un recurso contencioso, por lo que será el TSJ el que decida quién tiene razón.

También la Consejería de Igualdad ha recurrido a la Justicia para no cumplir una resolución del Consejo de la Transparencia que le obligaba a entregar a un ciudadano información sobre los centros de menores, que considera confidencial.