La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM) no puede ser considerada responsable civil subsidiaria en el caso de la desalinizadora de Escombreras, según se recoge en el auto dictado por la Audiencia Provincial que estima el recurso presentado el pasado marzo por los servicios jurídicos de la misma. Entonces, el Gobierno regional se mostró muy crítico con el letrado que ejerce la acusación popular, cuyo planteamiento llegó a tachar de «tendencioso» por «afirmar que la autoría en la participación es de la Comunidad en todos los hechos delictivos, confundiendo a la institución con los investigados».
Esa decisión ha sido adoptada dentro de la pieza separada en la que figura como único investigado el expresidente de la Región de Murcia y exvicepresidente del Parlamento Europeo, Ramón Luis Valcárcel.
Los servicios jurídicos de la administración regional presentaron su recurso contra el auto de marzo pasado en el que el juzgado que tramita la pieza separada acordaba mantener la personación de la Comunidad como acto civil y, al mismo tiempo, la incluía en el proceso como responsable civil subsidiaria.
En su recurso, se expuso que caso de acreditarse los perjuicios derivados de la construcción de la planta desalinizadora no habría más perjudicados que las propias arcas regionales.
Y añadía que ello era así porque quien sufría las posibles consecuencias de los actos que se investiga no era otra que la propia Comunidad, al ser la mercantil Desaladora de Escombreras SAU una sociedad de capital público procedente de la misma.
Al estimar la apelación, la Audiencia, a través de un auto contra el que no cabe recurso alguno, revoca la resolución del juzgado de instrucción, por lo que deja sin efecto «la atribución a dicha entidad pública de la condición de responsable civil subsidiaria».
