El PP recoge firmas en los 45 municipios de la Región contra la ocupación ilegal

El secretario general del PP murciano, Miguel Ángel Miralles, ha informado de la campaña nacional que también se está efectuando a través de la plataforma change.es, y de la ofensiva parlamentaria impulsada para que todos los ayuntamientos "manifiesten el compromiso con la defensa del derecho a la propiedad privada y la lucha contra la ocupación ilegal, dos acciones que se han trabajando esta mañana en el marco de una reunión con los presidentes del PP".

Miralles ha resaltado que “el Partido Popular es el gran defensor de la propiedad privada y no podemos mirar hacia otro lado mientras de manera impune asaltan viviendas o segundas residencias, cuyos propietarios con esfuerzo y ahorro han adquirido. Así, ha incidido en que “estamos viendo cómo el Gobierno de Sánchez está negando esta okupación y poniéndose al lado de los que cometen el delito, en vez de posicionarse junto con las familias y vecinos, algo que desde nuestra formación no vamos a permitir”.

El senador del PP, Francisco Bernabé, ha recalcado que, al igual que en las Cortes Generales, “el PSOE en la Región tendrá que posicionarse o a favor del derecho constitucional o seguir plegado a las exigencias del socio de Gobierno de Sánchez, Pablo Iglesias, que defiende libremente el movimiento okupa”.

Para Bernabé, “el PSOE está demostrando que está dispuesto a cruzar muchas líneas rojas por mantener a Sánchez en Moncloa como ha demostrado hoy al Rey de España se le ha prohibido asistir al acto de entrega de despacho de los jueces, en vez de solucionar los problemas reales de los ciudadanos que ven como se les roba de manera impune sus viviendas”.

Bernabé ha explicado que la ley del PP pretende que se pueda desalojar a los okupas en 12 horas, que la okupación con violencia se castigue con penas de cárcel de 1 a 3 años. De igual manera, se insta a prohibir que los okupas puedan empadronarse en viviendas ocupadas ilegalmente y defender así la convivencia y la seguridad entre vecinos y darle personalidad jurídica a las comunidades de propietarios para que puedan solicitar solución.

El senador ha subrayado que “la okupación no puede entenderse como una vía de acceso a la vivienda, sino como un delito contra la propiedad privada, y, con esta ley se pondrá fin a la impunidad de estas bandas organizadas”. El senador ha insistido en que “estas medidas no afectan a los colectivos vulnerables que no pueden pagar su alquiler de su vivienda, sino a las mafias de okupación ilegal”.

Por su parte, el consejero de Fomento del PP, José Ramón Diez de Revenga, ha insistido en que el problema de la okupación es real en la Región de Murcia “hoy hay 1.078 viviendas okupadas”, según datos del Ministerio de Interior, y es un fenómeno creciente, ya que “el año pasado hubo 147 denuncias por ocupación y este año hay ya 176, un 20 por ciento más”.

“El PP ha decidido abanderar la lucha contra este fenómeno para atajarlo de raíz”, ha indicado el consejero, quien considera que “el perfil del okupa no es el de familia vulnerable, para el que tenemos una amplia red de servicios sociales para ofrecer viviendas a las personas que lo necesitan”. De hecho, como ha indicado, “está en marcha desde el Gobierno regional una ayuda de hasta tres millones de euros para las ONG´S, por lo que cualquier familia que se vea con problemas se le ofrece una solución de vivienda”.

“Se trata de auténticas mafias organizadas que okupan viviendas para hacer negocio con ellas, que provoca focos de delincuencia y degradación de barrios enteros”, ha matizado Diez de Revenga, quien ha incidido en que “han montado toda una industria del crimen alrededor de este fenómeno, ante la complacencia, a veces incluso ante el aliento, de los partidos y organizaciones de izquierdas, algunas veces incluso desde los propios gobiernos”.