El PSOE ha puesto en marcha el contador de la Ley del Mar Menor para exigir el cumplimiento de más de 130 medidas contempladas en el texto legislativo aprobado en julio por consenso. El Grupo Socialista de la Asamblea Regional ha elaborado un calendario en el que pone plazo a cada una de las iniciativas recogidas en el texto legislativo, muchas de las cuales ya están en vigor, porque aparecían recogidas en el decreto ley que el presidente regional, Fernando López Miras, aprobó en diciembre del pasado año.
Tras un largo debate, PP, PSOE y Ciudadanos alcanzaron un acuerdo que introdujo importantes cambios en el decreto aprobado por el Gobierno regional a finales de 2019, que fue tramitado finalmente como proyecto de ley y entró en vigor el 2 de agosto. Entre las modificaciones más importantes destaca el establecimiento de un franja libre de fertilizantes químicos de 1.500 metros y la moratoria de tres años a los nuevos desarrollos urbanísticos, a la instalación de nuevos invernaderos y a la ampliación de la cabaña ganadera.
En el plazo de tres años deberá estar elaborado el Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor, que contemplará las modificaciones en el planeamiento urbanístico y las limitaciones necesarias en las actividades que se desarrollan en el Mar Menor y en los municipios de litoral necesarias para preservar la salud de la laguna salada.
Posteriormente obligará a estudiar el impacto de los puertos deportivos existentes y de actividades como la navegación y la pesca.
La Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente debería presentar cada año un informe del Consejo de Gobierno en la Asamblea Regional para dar cuenta de las medidas ejecutadas. También hay muchas exigencias que deberán cumplir los agricultores y deberes para los ayuntamientos, como las mejoras en las depuradoras para evitar desbordamientos.
El calendario elaborado por el Grupo Socialista teniendo en cuenta las más de 130 actuaciones concretas que recoge el articulado también incluye un elevado número de iniciativas que no tienen un plazo concreto, pero deberían empezar a ponerse en marcha de forma inmediata, como la creación de la comisión que coordinará a las tres administraciones, la constitución del consejo del Mar Menor, del Comité de Asesoramiento Científico y de la Comisión Interdepartamental.
Por el contrario, hay actuaciones en marcha, como el decreto que contempla la Estrategia de Gestión Integrada de Zonas Costeras del Sistema Socio-Ecológico del Mar Menor (EGIZC) y su entorno, aunque el Consejo Económico y Social (CES) ya advirtió de que era una mera declaración de intenciones, «sin fechas ni presupuesto».
Por otra parte, la aplicación de las medidas destinadas al saneamiento del Mar Menor exige también la materialización de la hoja de ruta que corresponde a la Administración central, que ya ha se ha visto sometida a las interferencias del Gobierno regional.
Así, el acuerdo alcanzado por la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) en el mes de julio, que declaró la masa de agua subterránea del Campo de Cartagena en riesgo de no alcanzar el buen estado químico por exceso de nitratos y limitó el uso de fertilizantes tras un proceso de información pública, ha sido recurrido por el Gobierno regional. Esta decisión, que pone en peligro la adopción de medidas que pretendían proteger las zonas más castigadas por la contaminación por nitratos a la que se ve sometida el acuífero que vierte al Mar Menor, ha supuesto el primer revés para la aplicación de la ley aprobada por acuerdo de los grupos mayoritarios de la Asamblea.
