«Para que se compre seguridad, hay que vender inseguridad», dice Antonio Morote. Según él, hay varios sectores que están sacando rédito económico del supuesto auge de las ocupaciones. Uno es el de las empresas de seguridad. La mayoría de las que operan en Murcia aseguran haber notado un aumento de demanda en segundas residencias.
«Nosotros llevamos 20 años trabajando en seguridad, y este año ha sido el primero en el que hemos oído hablar de gente preguntando por la ocupación, nunca había sido una preocupación real de la gente en la Región», explica Miguel Ángel Cámara, de Alarmur.
«Parece que se habla mucho del tema -continúa- y ha ido calando poco a poco en la gente una cierta preocupación a que sus casas sean ocupadas. Sin ir más lejos, este verano hemos instalado cinco o seis en la costa murciana, un dato impensable para nosotros hace un año».
Desde el confinamiento
«Empezamos a recibir más llamadas de las habituales en el confinamiento. En Murcia, de unas dos acciones por mes, pasamos a seis», explica Salvador Palazón, de Desokupa Exprés, una empresa que se compromete a desalojar a las peronas que ocupan una vivienda en un tramo de 24 a 48 horas «a través de un sistema amparado por la legislación española». Su método de trabajo incluye la vigilancia, el control de acceso «para que nadie vuelva entrar a la casa» y la «mediación personal» . Palazón, que solo trabaja con particulares, dice que «es más habitual que las personas que ocupan agredan a nuestro equipo que al revés». Reconoce, no obstante, que abordan «las acciones» con personas «que disponen de una alta capacidad de convicción física».
