Vía libre a la reforma que permite elevar las emisiones y los vertidos contaminantes

La ley, que se ha tramitado como alternativa al decreto de 'Mitigación del impacto socioeconómico de la covid-19 en el área de medio ambiente', obtuvo 26 votos a favor, del PP, Cs, Vox y los parlamentarios expulsados de este partido de ultraderecha, y 17 en contra del PSOE y Podemos.

El viceportavoz del PSOE, Alfonso Martínez Baños, acusó al Ejecutivo regional de seguir «una estrategia económica equivocada y un planteamiento ideológico que nos lleva al colapso». Su conclusión es que «el Gobierno regional es el principal enemigo del medio ambiente en la Región», al permitirles a las empresas emitir «más contaminación, más vertidos y más residuos sin tener que adoptar medidas compensatorias». Alertó de que la reforma les da facilidades para ampliar sus emisiones hasta un 30% a costa del medio ambiente, por lo que remite «al siglo pasado».

El portavoz de Ciudadanos, Juan José Molina, que ha tratado de mediar entre el PP y el PSOE para que esta ley fuese aprobada con el apoyo de los grupos mayoritarios, tal y como ha ocurrido con la del Mar Menor, reprochó al Grupo Socialista su voto en contra, a pesar de que el texto definitivo ha recogido muchas de sus aportaciones.

«Es decepcionante. Se ha hecho con la Ley del Mar Menor, pero no con los otros dos decretos», dijo el portavoz de la formación naranja refiriéndose a la reforma aprobada ayer y a la modificación de las leyes de Puertos, Suelo y Vivienda votada la semana pasada.

El diputado del PP Juan Antonio Mata defendió que el texto refuerza los controles, aunque impide que las solicitudes de las empresas se eternicen y solo permitirá las ampliaciones «si no tienen efectos adversos sobre el medio ambiente o cuando no supongan una afección al patrimonio cultural o a los espacios protegidos de la Red Natura 2000, parques regionales, reservas naturales o paisajes protegidos».

También el parlamentario popular respondió al PSOE que el texto sometido a votación ha incorporado 34 de las 37 enmiendas presentadas por todos los grupos, salvo Podemos, al que reprochó «no haber realizado una sola propuesta o enmienda». Añadió que «une una administración más ágil, compatible con un modelo sostenible, la economía y la protección ambiental» para añadir que el texto «fija plazos que antes no existían, lo que refuerza las garantías y la seguridad a quienes deciden emprender una actividad, permitiendo que los expedientes de los que depende una inversión y puestos de trabajo no se dilaten en el tiempo».

La portavoz de Podemos, María Marín, definió la reforma como «el tercer asalto contra el medio ambiente. Ya lo intentaron con el ARCA, de la que el exdiputado de Cs Miguel Sánchez dijo que era 'un chiringuito para colocar a amiguetes', y con la Ley de Simplificación, por lo que acabaron en el Constitucional», recordó María Marín. La diputada dio a entender que esta reforma, a la que se refirió como «un manual de capitalismo del desastre», correrá la misma suerte, mientras que criticaba «las bonificaciones a las empresas del juego, el cierre de los centros de salud, el déficit de rastreadores del coronavirus y la falta de vigilancia en las playas».

Por su parte, el portavoz de Vox y de los parlamentarios que han sido expulsados por este partido, Juan José Liarte, negó que el texto aprobado establezca que «las empresas puedan aumentar el grado de emisiones sin ningún tipo de control ni garantía» medioambiental. Liarte consideró que es «un avance» que la Administración local vaya a tener «un peso más importante en todo el proceso ambiental» para evaluar los proyectos urbanísticos y definió el decreto como «una ley fruto del acuerdo de casi todos los grupos parlamentos», informó EFE.