La Asamblea Regional dio ayer luz verde, a propuesta del Grupo Socialista, a la creación de una comisión de estudio sobre el plan de reactivación económica y social que deberá tener en seis meses un dictamen con las medidas que palíen la crisis generada por el coronavirus.
El portavoz socialista, Diego Conesa, explicó en su intervención que el objetivo de esta comisión será establecer los acuerdos de base para acordar las medidas del Plan Reactiva 2020 anunciado por el Gobierno autonómico. Dicha estrategia deberá centrarse en el refuerzo de la sanidad pública, la modernización del modelo productivo regional, el fortalecimiento del la protección social y la mejora de la fiscalidad. Una vez acordado el plan, se llevarán a cabo los estudios de evaluación y seguimiento.
El Partido Popular apoyó la propuesta del PSOE tras haber sido aceptada su enmienda parcial por la que se incluirá a las labores de esta comisión la evaluación del sistema sociosanitario en la Región y su respuesta ante la crisis con el fin de blindar el sistema de salud público regional ante futuras pandemias. También se elaborará un mapa de infraestructuras regional en la que se definan las necesidades presentes y futuras y se analizará la proyección turística de la Región.
La comisión se dividirá en dos semestres, de forma que en el primer periodo se debe presentar un dictamen de conclusiones al pleno para que, en caso de ser aprobado por el hemiciclo, se envíen las medidas contempladas al Gobierno regional. Mientras, el segundo semestre se dedicará al trabajo de redacción de informes de evaluación y seguimiento de las iniciativas remitidas al Ejecutivo.
Vivienda e infraestructuras
El pleno convalidó el decreto ley de mitigación del impacto del coronavirus en vivienda e infraestructuras, que será tramitado como proyecto de ley. La nueva norma incluye la entrega en propiedad 650 viviendas sociales a sus inquilinos, otorga competencias a los ayuntamientos para hacer proyectos de reordenación en playas y permite simplificar la justificación de ayudas a los damnificados de los seísmos de Lorca.
PSOE y Podemos advirtieron de que esta norma puede invadir competencias estatales y tener artículos inconstitucionales.
