El consejero de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán ha anunciado este jueves, tras conocer la sentencia del Tribunal Constitucional que ha declarado inconstitucional la devolución de la paga extraordinaria de los funcionarios de la comunidad en 2013, que este fallo impedirá abonar los 42 millones de euros pendientes a este colectivo.
El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado por unanimidad el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central declarando inconstitucional y nula la disposición adicional decimoséptima de la Ley de Presupuestos de la Región de Murcia para el año 2019, que recogía este pago.
La comunidad ha aclarado que la sentencia no supone la devolución de las cantidades ya abonadas a los 54.000 funcionarios autonómicos en octubre de 2018 y febrero de 2019, pero sí imposibilita que se devuelvan los salarios correspondientes a la paga extraordinaria de 2014, que se iban a efectuar en 2020 y 2021.
Celdrán ha explicado que la devolución de los complementos de las pagas extraordinarias de los años 2013 y 2014 a los empleados públicos de la Comunidad era una medida tomada "para compensar y resarcir a los funcionarios el esfuerzo que hicieron en los años de la crisis".
El consejero ha criticado las "formas" del Ministerio de Hacienda, que cerró de manera "unilateral" una comisión bilateral en la que ambas administraciones estaban negociando una solución y, posteriormente, planteó un recurso de inconstitucionalidad.
Para Celdrán, este recurso estaba motivado por que la devolución de las cantidades que dejaron de cobrar los funcionarios "no respeta las medidas de contención del gasto público establecidas por el Estado".
En este sentido, el consejero de Presidencia y Hacienda ha denunciado que se trata de "una consecuencia más de la infrafinanciación estructural" de la comunidad. Además, ha recordado que esta devolución ya se había llevado a cabo en el año 2018 sin que se presentase ningún recurso.
Finalmente, Celdrán ha manifestado que la "única razón" por la que la Región incumple los objetivos de déficit y la regla de gasto es por el "injusto" sistema de financiación autonómica, que, según sus cálculos, ha generado una deuda autonómica de más 7.500 millones de euros en 10 años.
