30 de enero de 2020
30.01.2020
Sentencia

El Constitucional anula la devolución de la extra de 2013 a los funcionarios

Da la razón al Gobierno central y falla que el déficit de la Comunidad no le permite abonar los atrasos

30.01.2020 | 14:36

El Tribunal Constitucional ha anulado la disposición adicional decimoséptima de la Ley de Presupuestos de la Comunidad para 2019 que permitió devolver a los 54.000 funcionarios de la Administración regional la paga extra suprimida en 2013 dentro de las medidas para reducir el gasto y contener el déficit. El dinero fue abonado a los empleados de la Comunidad en febrero del pasado año.

El fallo tampoco permitirá a la Administración regional devolver los atrasos correspondientes a la paga suprimida en 2014, que estaba previsto abonar entre este año y el próximo.

El Gobierno central recurrió la devolución del dinero pactada por la Consejería de Hacienda con los sindicatos al considerar que el déficit, el incumplimiento de la regla de gasto por parte de la Comunidad y la situación de las cuentas regionales no lo permitían.

El Consejo de Ministros argumentó en su recurso que sólo pueden devolver las pagas suprimidas dentro de los planes de ajuste aplicados por las comunidades autónomas aquellas administraciones que cumplan los objetivos de déficit y la regla de gasto.

El Pleno del Alto Tribunal ha estimado por unanimidad el recurso presentado por el Gobierno central y ha declarado inconstitucional la devolución de la extra suprimida para reducir el gasto regional con el fin de amortiguar el déficit.

La sentencia, cuyo ponente ha sido el magistrado Cándido Conde-Pumpido Tourón, explica que la disposición adicional recogida en las cuentas de la Comunidad del pasado año ha vulnerado la Constitución.

Destaca que la normativa de la comunidad autónoma de Murcia que ha sido anulada no respeta las medidas de contención del gasto público establecidas por el Estado, «que responden con toda evidencia a las exigencias derivadas del principio constitucional de estabilidad presupuestaria (artículo 135 Constitución Española) y a la necesaria coordinación de la autonomía financiera de las comunidades autónomas con la Hacienda general de Estado y la solidaridad entre todos los españoles».

El Tribunal, apoyándose en su amplia doctrina constitucional, explica que "es una competencia del Estado fijar la contención del gasto de personal del sector público, que puede ser articulado mediante medidas de diversa intensidad y naturaleza. Tales medidas pueden imponer restricciones absolutas para el ejercicio presupuestario a que se refieren o bien su aplicabilidad puede depender del previo cumplimiento o incumplimiento por la entidad del sector público de determinados parámetros económicos".

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