Las empresas del tomate se enfrentan a un nuevo conflicto este año, después de que haber acabado 2019 sin haber conseguido un acuerdo en la revisión de las tablas salariales que la asociación Proexport llevó a la mesa de negociación. Los sindicatos CC OO y UGT se negaron a aceptar la ampliación de la jornada anual que propuso Proexport para cuadrar el precio por hora de los jornaleros y situarlo en 6,90 céntimos. Proexport cree que será necesario esperar a que el Gobierno establezca instrucciones precisas sobre la aplicación del nuevo salario mínimo con el fin de evitar las disparidad en las interpretaciones de la norma que se produjo el pasado año.

El director general de Proexport, Fernando Gómez, explicaba ayer que en 2020, además de negociar la adaptación de las tablas salariales del convenio del tomate para acomodarlo al salario mínimo de 950 euros, habrá que negociar también el articulado del convenio colectivo, que expiró en 2019, por lo que prevé que las negociaciones no serán fáciles.

Recordó que en 2019, tras la subida del salario mínimo a 900 euros, UGT y CC OO aceptaron un preacuerdo que establecía la jornada anual en 1.826 horas anuales, lo que situaba el precio por hora trabajada en 6,90 euros según los cálculos de la patronal, que los sindicatos no llegaron a firmar.

Fernando Gómez alertó de que la subida pactada por el Gobierno con la patronal CEOE y los sindicatos «puede ser muy lesiva para la generación de empleo» y «complica mucho» la adaptación de las tablas salariales, dado que será necesario revisar todos los convenios que se aplican en el campo y en los almacenes de manipulado de frutas y hortalizas. Gómez apuesta por esperar a que el Ministerio de Trabajo establezca instrucciones claras sobre la aplicación del incremento salarial para evitar «la inseguridad jurídica» que, a su juicio, introdujo el decreto aprobado por el Gobierno cuando estableció el salario mínimo hace un año. En este sentido, preció que mientras Proexport fijó el precio por hora para la recolección del tomate en 6,90 euros, en Extremadura se llegó a establecer una retribución de 7,2 euros.

Los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT, Santiago Navarro y Antonio Jiménez, respectivamente, dejaron clara su intención de rechazar cualquier propuesta que pase por elevar la jornada anual de 1.818 a 1.826 horas.

Antonio Jiménez afirmó que «la ampliación de jornada no es asumible legalmente. No lo vamos a aceptar».