El Tribunal de Cuentas ha reclamado a la Universidad de Murcia (UMU) que mejore sus sistemas de cobro de facturas pendientes, que asegure sus bienes en propiedad y que agilice los trabajos de implantación de contabilidad analítica, según se desprende del último informe de fiscalización aprobado este mes por esa instancia económico-judicial.
El informe de fiscalización hace referencia a las cuentas de la universidad de los ejercicios 2016 y 2017, e incluye por primera vez el análisis del estado de implantación del mencionado sistema de contabilidad analítica, que pretende mejorar la relación entre el precio del servicio público prestado por la universidad y su coste, el modelo de financiación y la política de becas, ayudas y créditos. El informe concluye que las cuentas presentadas por la UMU en esos dos años reflejan de manera «fiel» su situación financiera y patrimonial, aunque sigue sin implantarse la citada contabilidad analítica.
También alerta el informe de que la universidad, a pesar de los requerimientos de años anteriores, «no tiene asegurado el inmovilizado de su propiedad», lo que entraña un riesgo de «posible quebranto económico no cubierto adecuadamente», si bien el tribunal reconoce que la UMU está trabajando en el pliego para contratar ese tipo de seguros.
El tribunal considera, asimismo, «insuficientes» las medidas que ha adoptado la institución docente para cobrar facturas pendientes de presupuestos cerrados, que suman 5,1 millones de euros en 2016 y casi 4,5 millones en 2017, y alerta de las «cuentas centralizadas sin movimiento que deben ser objeto de regularización para su adecuado control».
El resultado económico-patrimonial fue negativo en ambos ejercicios (14 y 6 millones de euros, respectivamente) aunque en ninguno de los casos se superó el límite de gasto no financiero aprobado.
Sin embargo, el informe advierte de que la UMU «ha aprobado normas de ejecución presupuestaria que difieren de lo estipulado con carácter general para el sector público autonómico y que contradicen» lo dispuesto en las leyes estatal y regional de Universidades.
En cuanto al personal, el tribunal señala que la UMU no cumple con los límites de interinidad que fija la ley estatal, puesto que supera el 40 por ciento tanto entre el personal docente (41,5 por ciento) como entre el investigador (43,09 por ciento).
El TC felicita a la universidad por contar con un personal docente e investigador paritario, incluso ligeramente superior a la media nacional, también en las categorías más altas de personal, pero lamenta que esa paridad no se traslade a los concursos convocados a los cuerpos docentes.
Del mismo modo, se congratula de las mejoras en los contenidos del portal de transparencia de la UMU, pero critica que las justificaciones de la necesidad de contratos «están redactadas en unos términos excesivamente genéricos e imprecisos» y que se formalizan contratos «de gran amplitud acogiendo prestaciones de muy diversa naturaleza».
