La plataforma Pacto por la Regeneración de la Región de Murcia ha convocado una protesta el martes 28 de enero a las 19 horas ante la sede del Gobierno autonómico (Palacio de San Esteban) contra el pin parental al considerar que es ilegal, "daña" a los menores, supone una "falta de respeto" a los docentes y atenta contra la autonomía de los centros.

Presidida por el escritor Jerónimo Tristante, también profesor de secundaria, la plataforma está formada por unos 50 escritores (Miguel Ángel Hernández, Ana Ballabriga, Manuel Moyano, Antonio Ortega o Patricio Peñalver), actores (Ginés García Millán), artistas plásticos (Carmen Cantabella, Ángel Haro, José Luis Cacho o Antonio Buendía), periodistas, pensadores y catedráticos.

La protesta, a la que se han sumado ya unos 30 colectivos entre asociaciones de padres y madres de alumnos (Ampas), de docentes, sindicatos y organizaciones diversas que imparten actividades complementarias en los centros educativos murcianos, tendrá lugar el próximo 28 de enero a las 19 horas ante el palacio de San Esteban.

En rueda de prensa, Tristante le ha preguntado al Gobierno murciano, del PP y Cs, "qué necesidad" tenía de ceder a esta petición de Vox cuando en una comunidad escolar de 265.000 alumnos la inspección educativa no tiene constancia de ninguna incidencia hasta ahora por las actividades complementarias para las que se pide autorización paterna.

En su opinión, exigirla para que los menores asistan no solo los daña al no permitírselo, sino que también genera un problema de organización en los centros, vulnera su autonomía, falta al respeto de los docentes y pone en duda su figura al cuestionar su capacidad para seleccionar este tipo de charlas.

Ha recordado que ni siquiera son los docentes los que eligen su contenido, porque en educación "todo está hiperregulado", también estas charlas, que vienen establecidas a través de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa aprobada en el mandato del PP, que se está "pegando un tiro en el pie boicoteándola".

Además, sabe que aplicar el pin parental es contrario a esa norma y que "una instrucción autonómica no puede contradecir una ley estatal", por lo que tanto uno como otra son "ilegales".

"Es como si un padre dice que no está de acuerdo con que las ecuaciones de segundo grado se expliquen en tercero de la ESO. Está en la ley y no se puede hacer una exención", ha advertido.

Por su parte, Francisca López, de la Plataforma en Defensa de la Educación Pública-Marea Verde, ha recordado que también fue el PP el que aprobó en 2014 y 2015 los decretos que establecen que esas actividades son obligatorias y evaluables.

Ha añadido que tanto los sindicatos de educación como la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos Juan González, mayoritaria en la región murciana, ya recurrieron la instrucción que fija el veto parental en septiembre pasado, por lo que está ya en la vía judicial.

En su opinión, la necesidad de autorizaciones es "un problema que no existía en la comunidad educativa, se lo han inventado", mientras que no se abordan los verdaderos problemas de la educación pública.

Tristante ha recordado que antes de la implantación de las autorizaciones, los padres ya estaban debidamente informados de las actividades complementarias de cada centro, que aprueba el claustro y traslada después al consejo escolar, donde participan las Ampas.

López ha indicado que fue también el PP el que cambió el papel de las familias en ese órgano, pues anteriormente sí tenían voto en él, mientras que ahora solo son informadas.

"Es el colmo de la ironía que quienes expulsaron del sistema educativo a las familias y su capacidad de decidir quieran ahora vender la moto de que el pin parental apoya la libertad de decidir", ha denunciado.