Los funcionarios sometidos a un proceso disciplinario no están exentos de abonar las tasas que la administración regional exige por la realización de las fotocopias de la documentación contenida en sus expedientes, según acaba de señalar el Consejo Jurídico de la Región de Murcia (CJRM).
El dictamen, al que ha tenido acceso Efe, da respuesta a la consulta hecha por la consejería de Educación y Cultura a instancias del inspector jefe de Educación.
El informe es concluyente al señalar que a todo funcionario incurso en un procedimiento disciplinario se le debe exigir el pago de ese precio público, que fue establecido por un decreto del gobierno regional dictado en 1993.
Y añade que la exacción de esa tasa pública exigida por la expedición de fotocopias no ha sido tachada de ilegal por ningún tribunal.
En su consulta a la consejería, el inspector jefe de Educación solicitó que se determinara si la administración estaba obligada a dar las fotocopias gratis, ya que un profesor expedientado había afirmado que tenía derecho a ello.
La duda se planteó porque, añadía, el secretario de Gestión Económica y Presupuestaria sostenía que no tenía que abonar cantidad alguna y que el órgano instructor debía facilitar gratuitamente las copias pedidas.
El inspector dejó constancia igualmente de que los padres de alumnos matriculados en los distintos centros educativos también pagan por la expedición de documentos relacionados con los expedientes disciplinarios, imposición de medidas correctoras, acoso escolar y hechos de otra naturaleza atribuidos a los mismos.
