Uno de cada tres municipios de la Región no tiene todavía un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobado, lo que entorpece el desarrollo urbanístico. Según los datos de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, 16 de los 45 municipios de la Región siguen funcionando aún con normas subsidiarias. Además, todos tienen pendiente aún la adaptación de su planeamiento a la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística de 2015, que establecía un plazo de seis años para incorporar las reformas legislativas. Este plazo expira en 2021, mientras que las inundaciones de septiembre han planteado en muchos casos la necesidad de adoptar medidas preventivas frente a las riadas.
El temporal que azotó la práctica totalidad del territorio regional obliga a revisar la planificación urbanística de los municipios más expuestos a las avenidas para evitar en lo posible daños como los que se han producido en el Mar Menor, ante la evidencia de que seguirán repitiéndose con mayor o menor intensidad cada vez que haya fuertes lluvias.
Los Alcázares, que es uno de los municipios cuyo crecimiento urbanístico se ha regido por normas subsidiarias, al carecer de PGOU, está siendo pionero en plantear medidas preventivas para frenar las escorrentías al Mar Menor, después de haber quedado inundado dos veces en apenas tres años.
El alcalde, Mario Pérez Cervera, ha presentado una serie de propuestas al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, cuya finalidad es retener el agua que se acumula cuando llueve de forma torrencial para evitar que cause daños en la población e impedir los vertidos al Mar Menor.
Tampoco disponen de PGOU los municipios de Torre Pacheco, Fuente Álamo, que forman parte de la cuenca que vierte al Mar Menor.
En la lista figuran igualmente Aledo, Alguazas, Archena, Beniel, Bullas, Calasparra, Campos del Río, Cehegín, Lorquí, Campos del RíoPuerto Lumbreras
Según indicaron fuentes de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, «todos ellos han empezado la tramitación de sus respectivos planes generales».
Los promotores inmobiliarios llevan años quejándose de que, además de los municipios que tienen normas subsidiarias, un elevado número de ayuntamientos no ha revisado su PGOU desde hace dos o tres décadas, lo que impide desarrollar proyectos de inversión que no acaban de cuajar por falta de suelo apto. El presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios (Apirm), José Hernández, aseguraba en 2018 que había varios hoteles entre las inversiones que podrían escapar a otras regiones ante las dificultades que las empresas encuentran en la Región.
José Hernández, que en este momento también preside la patronal regional de la construcción Frecom, pone como ejemplo el caso de Águilas, «que lleva 30 años sin revisar», aunque destaca los esfuerzos de su alcaldesa, María del Carmen Moreno, por sacarla adelante desde que llegó al Consistorio. Añadió que tampoco hay PGOU «en ningún municipio del Mar Menor».
José Hernández asegura que en este momento las empresas están trabajando en el suelo ya urbanizado que se había desarrollado previamente. No obstante, reconoce que la creación de la Unidad de Aceleración de Inversiones Inmobiliarias (UNAI-Inmobiliaria), cuyo cometido es agilizar los trámites administrativos de los proyectos empresariales, está facilitando la gestión urbanística, «aunque no al ritmo que queremos».
También la Confederación Hidrográfica está estudiando soluciones para alejar las ramblas que desembocan en el Mar Menor de los núcleos urbanos más expuestos. Los Alcázares y Torre Pacheco quieren que se revise igualmente la red de drenaje del Trasvase, que provocan graves daños.
El organismo de cuenca ha encargado un estudio para determinar qué posibilidades de actuación hay en las riberas del Segura aguas abajo de la capital, ante los desbordamientos que se registraron el pasado mes de septiembre en las pedanías de Murcia, en Beniel y en la Vega Baja de Alicante.
La Consejería sostiene que «la decisión de revisar los planes generales e impulsar sus modificaciones corresponde a los ayuntamientos porque es de competencia municipal. Los ayuntamientos los remiten a la Comunidad, que supervisa que estén redactados conforme a la ley, y si es así, los aprueba». El departamento de José Ramón Díez de Revenga resalta que «en cualquier desarrollo urbanístico que tramitan los municipios se incluyen los informes (preceptivos y vinculantes) de la Confederación Hidrográfica del Segura».
