30 de octubre de 2019
30.10.2019
La Opinión de Murcia
Congreso nacional de la Empresa Familiar

María Jesús Montero y Pablo Casado 'venden' su oferta fiscal a las empresas

La ministra de Hacienda apuesta por la armonización de las comunidades, mientras que el presidente del PP prefiere que compitan y promete una rebaja tributaria que ahorraría 16.000 millones y crearía 300.000 empleos

30.10.2019 | 08:02
La ministra de Hacienda en funciones con Tomás Fuertes (c) y Diego Conesa.

La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, y el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, que este martes intervinieron en la sesión de clausura del XXII Congreso de la Empresa Familiar, presentaron a los empresarios las propuestas fiscales recogidas en los programas electorales del PSOE y del PP, respectivamente, que resultaron contrapuestas. La titular de Hacienda abogó por reformar la normativa que regula la tributación de las grandes compañías tecnológicas para que paguen impuestos en los países en los que recogen los beneficios. Montero también defendió la armonización fiscal entre las comunidades autónomas, mientras que el líder del PP anunció su intención de suprimir los impuestos de Sucesiones y Donaciones y de Patrimonio y de estimular la competencia entre las regiones.

Pese a los desafíos que plantean el Brexit y la guerra arancelaria entre EE UU y China, la ministra se mostró confiada en que la economía española crecerá un 1,8% el año próximo y sorteará los conflictos. «No hay que alentar visiones apocalípticas, ni alarmas innecesarias», indicó. Reconoció que el ritmo de creación de empleo tiende a ralentizarse, pero recordó que la tasa de paro en este momento está en el 13,9% y es «la más baja de los últimos once años».

Destacó el aumento del 2,7% en la recaudación de la Seguridad Social, que «crece por sexto trimestre consecutivo», lo que permite, a su juicio, abordar el debate sobre las pensiones

Montero propone rebajar el Impuesto de Sociedades del 25% al 23% para las empresas que facturan menos de un millón de euros para que contribuyan de forma equitativa.

La titular de Hacienda negó que vaya a pedir a las empresas que paguen más impuestos, pero sí opinó que «sería bueno y conveniente que se fuera acercando el tipo real de las empresas al tipo nominal» porque se producen diferenciales de muchos puntos entre ambos, lo que, a su juicio, es necesario corregir para acercarse al resto de países de Europa.

También defendió que las rebajas fiscales recaigan en las clases medias y trabajadoras, en contraste con los planteamientos del PP, que, según comentó, apuestan por ese tipo de bajadas «a la riqueza y los grandes patrimonios».

Destacó especialmente la necesidad de conseguir que las grandes compañías tecnológicas dejen de tributar en los países en los que tienen su sede fiscal, según sus conveniencias, para que paguen más en los Estados miembros de la UE en los que consiguen beneficios. Esta reforma ha sido una de las grandes batallas del Ejecutivo, que ve cómo empresas del mundo digital pagan en España cantidades muy reducidas. Sin embargo, está generando «una desventaja» para los negocios tradicionales, que sí tienen una fiscalidad clara.

Añadió que el PSOE apostará por «una fiscalidad verde», relacionada «no tanto con recaudar, sino con corregir actitudes agresivas con el medio ambiente» con una finalidad «disuasoria».

También se mostró partidaria de armonizar los impuestos de las comunidades autónomas para evitar la diferencias que existen entre regiones.
Destacó también la reducción del déficit, que espera rebajar al 2% en 2019, lo que supondría unos 10.000 millones de euros.

Por su parte, Pablo Casado regaló los oídos a los empresarios con sus rebajas fiscales, aunque pintó un panorama económico menos halagüeño. Casado afirmó que «es evidente que hay una desaceleración económica mundial» y señaló que al PP le preocupa «la debilidad que está mostrando el Gobierno de España a la hora de paliar los efectos de la guerra arancelaria» frente a «la fortaleza» de países como Alemania o Francia.

El presidente del PP defendió ante un auditorio bastante más numeroso que el de Montero la receta de bajar los impuestos y al mismo elevar la recaudación y anunció su «Plan España».

Su propuesta incluye la desaparición de Sucesiones y Donaciones, que en Murcia tiene una rebaja del 99%, de Patrimonio y del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, que se paga por la firma de escrituras. También plantea rebajar el Impuesto de Sociedades por debajo del 20% y una reducción del IRPF, con el fin de inyectar 16.000 millones de euros en la economía nacional y crear 300.000 empleos.

Su pretensión sería, si gana las elecciones, bajar el IRPF de manera que, a lo largo de la legislatura, el marginal máximo no supere el 40%; y reducir el Impuesto de Sociedades por debajo del 20%.

También plantea mantener o reducir las cotizaciones a la Seguridad Social y estímulos fiscales para la compra de vivienda habitual.

Respecto al empleo, Casado se mostró partidario de medidas de flexibilidad laboral y de aumentar el periodo de «tarifa plana» para los autónomos con 12 meses adicionales y 24 para personas en especial vulnerabilidad, entre las cuales incluye a parados de larga duración, discapacitados y mujeres víctimas de la violencia de género, entre otros colectivos. Contener el gasto público, suprimir barreras administrativas para poder constituir una empresa en cinco días, aprobar una ley de unidad de mercado, acabar con organismos públicos que «no sean imprescindibles» y abaratar los costes energéticos son otras de las iniciativas que Casado expuso a los directivos.

Aludió también a los costes que originan los conflictos en Cataluña y dijo que «la política territorial cotiza en Bolsa», puesto que 4.000 empresas han tenido que marcharse. Precisó que solo el transporte pierde 25 millones diarios.

Tras conocer las propuestas de Casado, Montero se preguntó cómo con una propuesta de reforma fiscal a la baja se puede mantener «una excelencia en los servicios públicos y garantizar la igualdad de todos los españoles frente a la educación, la sanidad o la dependencia», poniendo duda que una rebaja de puestos pueda llegar a inyectar 16.000 millones y crear 300.000 empleos.

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